Washington.- La presencia de grupos paramilitares en Colombia y la impunidad con que operan, a veces en complicidad con agentes del Estado y autoridades políticas, agravó la crisis de derechos humanos que vive el país, denunciaron organizaciones civiles. En lo que va de este año esos grupos serían responsables de 28 asesinatos, 13 de ellos tuvieron como víctimas a defensores y defensoras de derechos humanos, cuyas bajas alcanzaron los 63 en 2015, un alza de 13 por ciento respecto a 2014, denunciaron en Washington organizaciones de la sociedad civil. Está difícil situación es consecuencia también de la “falta de estrategias claras desde el Estado, para su efectivo desmonte”, dijo Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. “Así como de la falta de cambios estructurales en la fuerza pública que garantice su deslinde de grupos criminales”, expuso Castañeda durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Indicó que los alcances del accionar de estos grupos criminales ha sido evidenciado por las propias cifras oficiales que se conocen. “Según la Defensoría del Pueblo en por lo menos 27 de los 32 departamentos del país hay presencia de estructuras armadas, paramilitares o posteriores a la desmovilización”, dijo en alusión al término con que se refiere la gradual desintegración de los grandes grupos paramilitares. Aunado a los asesinatos, estos grupos son también responsables por los hechos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, “que en 2015 alcanzaron a 682 de estos hombres y mujeres, un aumento de 10 por ciento respecto a 2014”, denunció. Cifras ofrecidas por Castañeda indicaron que los grupos paramilitares serían los presuntos responsables del 66 por ciento de esos hechos, un 7.0 por ciento fueron atribuidos a agentes del Estado, y 0.5 por ciento a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de COlombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, la responsabilidad en 25 por ciento de estos ataques no pudo ser atribuido a actores específicos. Danilo Rueda, de la Comisión de Justicia Social denunció que la falta de actividad y diligencia investigativa por parte de la Fiscalía de la Nación cuando se trata de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado “es notoria y evidente”. Aseguró que mientras la Fiscalía ha concentrado recursos y personal para investigar casos de violencia sexual cometidos por la guerrilla, “no así con la cometida por la fuerza pública” y las bandas criminales derivadas del grupos paramilitares. “Las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, han constatado que la impunidad en delitos de violencia sexual en el conflicto armado, alcanzan el 97 por ciento”, expuso. Las agrupaciones solicitaron la creación de una comisión de alto nivel para investigar esta situación, con el propósito de evitar la repetición de estos delitos. El comisionado José de Jesús Orozco, relator para Colombia, señaló que la comisión veía “con mucha preocupación el incremento de las violaciones de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos”. “Es sumamente preocupante, lo que se señala, incluso de que se incrementaron el número de asesinatos con relación a 2014”, lamentó. Orozco expuso que la CIDH ha venido monitoreando los avances en los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en el ámbito de la justicia para las víctimas. “Y sin duda los contenidos de tales acuerdos serán analizados oportunamente a fin de verificar que se adecúen a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, reconoció el fuerte peso del mensaje ofrecido por el gobierno en la audiencia sobre el respeto y reconocimiento del trabajo de los defensores de derechos humanos, pero enfatizó la necesidad de atacar la impunidad. “Avanzar y erradicar la impunidad en los ataques en contra los defensores de derechos humanos, es abonar el campo para que florezca la paz a nivel regional", dijo en alusión al hecho que de acuerdo con los peticionarios, existe un 95 por ciento de impunidad en los actos contra defensores de derechos humanos.
La Voz de Michoacán
