De la la Ley de Auditoría Social se podrá tener diagnósticos, conclusiones, iniciativas legislativas o de políticas públicas, así como quejas o denuncias administrativas o penales, según sea el caso. El propósito de esta Iniciativa es darle más poder a los ciudadanos para que tengan el derecho de auditar en qué se gastan el presupuesto los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los municipios, órganos autónomos y las dependencias, así como cualquier ente que utilice recursos públicos, para prevenir y combatir actos de corrupción, recordó el presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública. Villegas Soto explicó que los diagnósticos y conclusiones que arroje la Auditoría Social, también permitirán replantear el plan, programa, proyectos, acciones, ejercicio del presupuesto y en general, la gestión pública. El legislador agregó que si derivado de la Auditoría Social, se detectaran inconsistencias, conductas o hechos que pudieran ser constitutivos de delito o de infracción a normas administrativas, se presentará la denuncia o queja según sea el caso, ante la autoridad ministerial o administrativa competente, para que se proceda conforme a derecho.
La Voz de Michoacán
