Javier Favela/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Miguel López Miranda, exsecretario de Finanzas del exgobernador Salvador Jara Guerrero, incurrió en daño o perjuicio a la hacienda pública por 452 millones de pesos, al no acreditar que recursos del crédito contratado con Banobras hayan sido destinados a inversiones públicas productivas, según detectó la Auditoría Superior de Michoacán, al emitir el pliego de observaciones correspondiente a la gestión financiera del 2015. Otros dos exfuncionarios menores de la Secretaría de Finanzas son corresponsables de la "pérdida" de los referidos 452 millones de pesos, que supuestamente debieron destinarse a inversiones públicas productivas. Ello "denota falta de planeación en el procedimiento de liquidación de pasivos, generando descontrol en la cuenta bancaria específica para la administración y control del crédito de Banobras", determinó el órgano técnico del Congreso. López Miranda no vigiló que los recursos obtenidos a través del crédito de Banobras estuvieran perfectamente identificados. Al momento de girar oficios de autorización para realizar traspasos, los dineros debieron transparentarse, detallando claramente a qué inversiones productivas fueron a parar. "Al no hacerlo, es indicativo de la falta de cumplimento da las disposiciones legales aplicables". La contabilidad de la Secretaría de Finanzas omitió llevar registro detallado de las operaciones financieras de ingreso y gasto en el año 2015, a través de cuentas bancarias específicas para la administración y control de cada crédito que fue refinanciado o reestructurado, con la respectiva autorización del Congreso. Stefany Berenice Carreón Reyes, quien fungió como directora de Administración de Fondos del 20 de enero al 31 de diciembre del 2015, era la responsable de realizar, previa autorización expresa del entonces secretario de Finanzas, las operaciones bancarias de dispersión de fondos, y las transferencias de fondos interbancarias en cuentas propias. Sin embargo, no llevó control de cuenta bancaria ni elaboró las pólizas contables con las que se registró la salida de 71 millones de pesos de la cuenta 167105254 del crédito de Banobras para identificar el destino del recurso. "A no hacerlo, es indicativo de la falta de cumplimiento de las disposiciones legales aplicables", puntualizó la Auditoría Superior. Por su parte, Oscar Juárez Davis, quien fue subsecretario de Finanzas en el período del 1 de enero al 29 de septiembre de 2015, tenía la función de autorizar los pagos presupuestales de la Secretaría de Finanzas. Al respecto, la Auditoría Superior detectó falta de coordinación con la otrora Dirección de Administración de Fondos, al momento de autorizar los traspasos con el fin de identificar los conceptos del gasto. "Al no hacerlo, es indicativo de la falta de cumplimiento a las disposiciones legales aplicables". Al cierre de los trabajos de fiscalización del Congreso, López Miranda, Carreón Reyes y Juárez Davis no presentaron evidencia para acreditar los registros contables, contraviniendo el artículo 81 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado. Cabe recordar que todos los entes públicos tienen la obligación de registrar sus transacciones presupuestarias y contables de forma automática en el momento en que las realizan, conforme a los clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes. Para solventar la irregularidad, los exfuncionarios tendrán que presentar informe de sus actuaciones, acompañado de documentación suficiente, competente y fehaciente en copia certificada, junto con evidencia que respalde la recuperación o reintegro de 452 millones de pesos, sumándosele los intereses generados hasta su reintegro en la cuenta 167105254 de Banco Afirme. Según la Auditoría Superior de Michoacán, no hay evidencia que acredite el destino del recurso observado, respecto del crédito contratado con Banobras, derivado de traspasos a otras cuentas. Los exfuncionarios de Jara Guerrero deberán desvirtuar y solventar irregularidades descritas en el pliego de observaciones, apercibiéndole que, de no hacerlo, se actualizarían las hipótesis de los artículos 14 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Cabe contextualizar que la Auditoría Superior decidió fiscalizar la deuda pública y las obligaciones financieras correspondiente al 2015, considerando que en junio de 2013 el Ejecutivo firmó crédito con Banobras por hasta 4 mil 112 millones de pesos a un plazo de 240 meses. En el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 4 disposiciones del crédito, por un total de 773 millones de pesos. Asimismo, los auditores identificaron transferencias entre cuentas de la Secretaría de Finanzas que no correspondieron a la administración y control de los créditos financieros, por 583 millones de pesos. "Esta área solo funge como unidad pagadora. La documentación acredita algunos de los traspasos observados. La solicitud debe hacerse extensiva a las demás áreas involucradas en el manejo de los recursos (anterior Dirección de Crédito y Oficina del Secretario de Finanzas)", replicaron los observados. En su momento, el exsecretario López Miranda autorizó que una parcialidad de los recursos transferidos fueran reintegrados a la cuenta bancaria aperturada con Banco Afirme. La Auditoría confirmó reembolsos por 201 millones de pesos. Los demás reembolsos únicamente fueron descritos en oficio. No se tiene certeza del destino de las transferencias realizadas a otras cuentas por la cantidad de 381 millones de pesos, lo que generó un descontrol en la administración del recurso público. Tampoco hay evidencia del destino final de las transferencias a la cuenta 263448148 de Banco Mercantil del Norte S.A. Los cargos y abonos de otras cuentas impidieron identificar su aplicación.
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