Javier Favela/ La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán.- Las comisiones legislativas del Congreso del Estado presentaron hoy el proyecto de dictamen de la Ley para regular las marchas y manifestaciones en Michoacán. Este es el intento más formal de los últimos siete años para crear un producto legislativo frente a los bloqueos totales de las vías públicas y toma de oficinas gubernamentales. Los diputados del PT y algunos del PRD reaccionaron con reticencia a la propuesta presentada por el diputado priista Mario Armando Mendoza, presidente de la comisión de Gobernación; y por la diputada Rosa maría de la Torre Torres, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales. El proyecto de dictamen, con 35 artículos, es fruto de más de 20 reuniones de los grupos técnicos de las comisiones legislativas que se han estado reuniendo desde el pasado mes de noviembre del año 2015, analizando iniciativas presentadas por el verde ecologista Ernesto Nuñez y la panista Macarena Chavez. El proyecto de dictamen garantizaría el ejercicio de la manifestación pública, pero asegurando que los ciudadanos ajenos a las protestas resulten vulnerados en sus libertades y derechos, entre ellos, el del libre tránsito. La propuesta técnica del Congreso refrenda el derecho de asociación, reunión y manifestación pacífica, siempre y cuando no se utilicen armas, no se desplieguen actos violentos o se lastime la integridad personal o patrimonial de los ciudadanos. Con ello quedaría absolutamente prohibido limitar el tránsito de peatones o de vehículos, por lo que habría protocolos para desahogar el tránsito vial, evitando daños a las personas y a las propiedades. La coordinadora del Partido del Trabajo, Maricarmen Bernal, reaccionó perturbada ante la propuesta de disolver manifestaciones, aún y cuando éstas impliquen bloqueo total de vías públicas o carreteras. El artículo 22 de la propuesta de dictamen plantea que ninguna marcha o manifestación podrá impedir el tránsito de ambulancias ni sabotear la prestación de servicios públicos básicos. El Gobierno del Estado tendría que desarrollar protocolos para enfrentar agresiones violentas de los manifestantes o perturbaciones del orden público que ponga en peligro la vida de las personas.
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