Héctor Tapia/ La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán.- “El Poder Judicial de Michoacán descarta la proyección de crecimiento en materia de infraestructura y contratación de personal, debido a que el presupuesto asignado para la institución en 2017 es prácticamente el mismo que el ejercido en 2016, por el orden de 1,152 millones 394 mil 933 pesos”, expresó el magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete. En los últimos cuatro años la partida presupuestaria para el Poder Judicial ha registrado movimientos mínimos: en 2014 se contó con un recurso de 1,185 millones 775 mil 710 pesos y en 2015 bajó a 1,140 millones 481 mil 922 pesos. Para la presente anualidad el monto económico es de 1,164 millones 510 mil 785 pesos, de los cuales 12 millones 115 mil 852 pesos corresponden a la operación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal de Michoacán. El magistrado presidente señaló que el recurso económico para ejercer en 2017 afecta directamente los planes de edificación de salas de oralidad en materia penal y familiar necesarias para cumplir con las nuevas responsabilidades que tiene la institución por ley. De manera específica, Flores Negrete detalló que se posterga la edificación de los centros de justicia en Huetamo y Zitácuaro, lugares en donde ya se cuenta con un terreno en donación para la construcción de salas y juzgados. En Lázaro Cárdenas -cuya obra presenta un avance global de más del 50%- no será posible continuar con la construcción debido al presupuesto para este año. “En el caso de Zamora, seguirá la edificación de 4 salas de oralidad, juzgados tradicionales y oficinas administrativas, ya que se realiza tanto con recursos federales como del propio Poder Judicial de Michoacán”. En este sentido, explicó que inicialmente para este año se presentó al Congreso local una propuesta económica de presupuesto consistente en alrededor de mil 336 millones de pesos, que contemplaba la contratación de 40 jueces de instrucción para resolver asuntos en materia familiar, así como 20 jueces de oralidad penal, dada la creciente carga del sistema acusatorio adversarial oral.
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