Miami, Estados Unidos.- Miami-Dade dejará de ser una "ciudad santuario" para inmigrantes indocumentados, luego de aprobarse hoy que las autoridades locales cumplan las órdenes migratorias del presidente Donald Trump. Con nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión del Condado de Miami-Dade exigió a las autoridades locales colaborar con los funcionarios federales de inmigración, para así conservar los fondos que el gobierno de Trump amenazaba con retener. En una emotiva sesión, decenas de residentes imploraron a los comisionados revocar la orden del alcalde Carlos Giménez, de origen cubano, que instruye a las cárceles a colaborar con el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) para retener indocumentados. De esta forma, Miami-Dade es el primer condado del país en plegarse oficialmente a las órdenes de Trump y dejar de ser "ciudad santuario", pese a que su población está conformada en gran parte por inmigrantes. La orden de Giménez llegó un día después de que Trump firmó una orden ejecutiva que amenazó con retener fondos federales a las "ciudades santuario" que protegen a los inmigrantes indocumentados al negarse a ayudar al gobierno federal con su política migratoria. Giménez dijo que su decisión era puramente financiera y para no poner en riesgo cerca de 355 millones de dólares al año que el condado recibe de fondos federales. Aún así, decenas de personas atacaron a Giménez y a la comisión, y calificaron la orden como “una traición” contra los residentes de un condado, donde la mayoría de las personas son de origen extranjero. Uno por uno, en inglés y español, y con lágrimas esporádicas, los residentes de Miami-Dade pidieron a la comisión que votara por eliminar la medida. Varios abogados cuestionaron la legalidad de la orden del alcalde y activistas de derechos humanos dijeron que ésta traumatizaría a las familias. Algunos inmigrantes indocumentados explicaron el temor que ahora están viviendo los niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres han sido deportados y cuestionaron quién criará a esos niños. Líderes religiosos cuestionaron la moralidad de adoptar una política que castiga a los más vulnerables del condado. "Es conveniente tener (inmigrantes indocumentados) alrededor, sin embargo, parece que muchos de nosotros estamos dispuestos a arrojarlos debajo de un autobús en el primer indicio de inconveniente", dijo Frank Corbishley, un reverendo episcopal. "De todos los lugares, Miami, y nosotros, de todos las personas, debemos ser los últimos dispuestos a arrojarlos bajo el autobús", señaló durante la sesión el clérigo. Luego que los 12 comsionados votaron, decenas de personas salieron gritando: "¡Qué vergüenza!" Juan Pérez, jefe del Departamento de Policía del Condado, aseguró a la prensa que “nosotros no vamos a estar pidiendo documentos de inmigración” y “hace falta que continuen con el mismo nivel de cooperación con la policía sin son víctimas de crímenes”.
La Voz de Michoacán
