Javier Favela / La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán.- El Consejo Implementador de la reforma penal en Michoacán dejará de existir como ente administrativo de coordinación interinstitucional, anunció el secretario ejecutivo del organismo, Jesús Sierra Arias, aunque su situación jurídica final quedará en manos del Congreso local. No desaparecerán las obligaciones de vigilancia, supervisión, transparencia y acceso a la información en torno al nuevo sistema procesal penal acusatorio y adversarial, reconoció el funcionario, quien refirió que este año ya no llegarán recursos por el orden de los 21 millones de pesos desde la Federación al Poder Judicial del Estado, sino al secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Durante los últimos seis años, la Federación destinó 117 millones de pesos para las tareas de capacitación, infraestructura, coordinación y difusión de la reforma penal en Michoacán. Con la desaparición del Consejo Implementador, quedan en el desamparo laboral una veintena de trabajadores que cobraban por honorarios, por haber sido personal de contrato, no de base. Durante la conferencia de prensa, los representantes de los medios de comunicación cuestionaron el trabajo deficiente de los elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría que ponen en riesgo la viabilidad de los juicios orales y la justicia alternativa en la entidad.
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