Notimex/La Voz de Michoacán Brasil. El gobierno de Brasil autorizó hoy a las Fuerzas Armadas a actuar durante las próximas dos semanas en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y puerta de entrada de miles de venezolanos, donde hace una semana se registraron disturbios contra los migrantes. En una alocución en el presidencial Palacio del Planalto, el mandatario Michel Temer explicó que se aplicará la Ley de Garantía y del Orden en el estado, lo que significa que un contingente de efectivos militares serán desplegados en esa región, situada en el extremo norte del país, para garantizar la seguridad. Para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos”, dijo Temer, quien indicó que “buscará el apoyo en la comunidad internacional” para solventar la crisis venezolana. Por su parte, el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Sergio Etchegoyen, reiteró que “está fuera de cuestión” el cierre de la frontera, como piden las autoridades de Roraima, enfrentadas con el gobierno federal por la oleada migratoria. Las autoridades brasileñas aseguran que entre 600 o 700 personas ingresan, en promedio, cada día por Roraima a Brasil, de locs cuales el 20 o 30 por ciento permanecen en el país. La medida se adopta después de que el pasado 20 de agosto estallaran disturbios por parte de brasileños contra campamentos venezolanos en la ciudad de Pacaraima, la última urbe brasileña antes de cruzar a Venezuela. El ataque habría sido motivado, aparentemente, por un supuesto asalto por parte de inmigrantes contra un comerciante en la ciudad. El gobierno de Roraima asegura que los servicios sociales del estado –educación y sanidad- están saturados por la llegada de miles de inmigrantes en los últimos meses, y culpa al gobierno federal de no haber transferido recursos económicos para lidiar con la situación, al tiempo que pidió a la Corte suprema el cierre de la frontera. Más de 127 mil venezolanos entraron en Brasil por tierra desde 2017, según datos del gobierno nacional, aunque las autoridades federales aseguran que el 60 por ciento de ellos salió con destino a un tercer país de América del Sur.
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