Redacción web / La Voz de Michoacán. Con el objetivo de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y acercar la justicia terapéutica a especialistas y operadores de administración de justicia, Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sostuvo una reunión con Francisca Fariña Rivera, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica (AITJ). En este primer contacto entre ambas instituciones, se planteó la posibilidad de tener en Michoacán una extensión del Tercer Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, el cual se realizará en 2014 en el Distrito Federal. Sobre el tema, Bribiesca Vázquez comentó: “Es necesario enriquecer la mediación porque a través de ésta se resolverán la mayoría de las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales. El acercamiento con la asociación es importante por la posibilidad de participar en las actividades del congreso del próximo año y también para tener contacto académico con la Universidad de Galicia para conocer el trabajo que realizan en temas de mediación y justicia alternativa”. Añadió que actualmente la entidad michoacana se enfrenta al reto de la transición hacia un nuevo sistema de justicia restaurativa y, por ello, la mediación en los conflictos en materia penal, civil, familiar y mercantil es prioritaria. El presidente sustituto destacó que el Poder Judicial de Michoacán cuenta con un Centro de Mediación en operación y actualmente construye el Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Morelia. “Al interior de la institución estamos convencidos de que es el área que más debe crecer ya que por lo menos el 90 por ciento de los asuntos se pueden resolver por los medios alternativos de solución de conflictos y solamente atender en sede judicial los asuntos de alto impacto social”, señaló. Sobre el mismo tema, Francisca Fariña Rivera, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, externó un reconocimiento al Poder Judicial de Michoacán por el desarrollo que se tiene en materia de mediación. “Es indispensable reforzar la mediación y además hay que trabajar para que este procedimiento se aproxime más a la justicia terapéutica (TJ), que los protocolos que se desarrollen respeten los principios de ésta y que la formación que se dé a los operadores jurídicos también se centre en esa filosofía”. Fariña Rivera subrayó que la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica que preside, busca unificar el trabajo que se está haciendo en los diferentes países, incluido México, pues la justicia terapéutica pretende que el ciudadano se enriquezca al haber experimentado un proceso, bajo el objetivo de provocar bienestar a los usuarios de los mecanismos de administración de la justicia. ¿Qué es la Justicia Terapéutica? La Therapeutic Jurisprudence (TJ), traducida al español como Justicia Terapéutica, estudia las reglas y procedimientos legales, así como la actuación de todos los agentes legales y la conducta de los actores que intervienen en los distintos procedimientos. La Justicia Terapéutica se manifiesta fundamentalmente en los diferentes métodos de solución de conflictos interpersonales y sociales, y se nutre, principalmente, de los conocimientos de la psicología clínica, de la psicología jurídica, la psiquiatría y el derecho. Uno de los objetivos principales de la TJ es llegar al fondo del conflicto, para con ello resolver de raíz las problemáticas que pudieran ser la causa por la que se comete un delito o una falta. La base primordial es fomentar el desarrollo de leyes, procedimientos y roles legales que contribuyan al bienestar emocional y psicológico de los actores implicados. Es decir, que la Ley y la aplicación de la misma sean una oportunidad para la ciudadanía, pero especialmente para los usuarios de la Justicia, tanto para los demandados como para quienes demandan, para las víctimas y para los agresores. La TJ surge a finales de los años ochenta en Estados Unidos y su filosofía ha sido asumida por los poderes judiciales tanto de la Unión Americana como de Canadá, Australia y algunos países de Europa.
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