Redacción Web/La Voz de Michoacán. El Poder Judicial de la Federación dictó auto de formal prisión a 21 de los 40 “comunitarios” que fueron detenidos en la redada de Aquila y ahora deberán enfrentar la justicia por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El resto de los aprehendidos (19) alcanza fianza para enfrentar en libertad los cargos que le fueron imputados por la justicia mexicana, según la resolución de un juez con sede en Villa Aldama en el estado de Veracruz. Al cumplirse el plazo para que se emitiera la sentencia, el juzgado primero de procesos penales federales definió la situación de los “autodefensas” que fueron detenidos detenidos el 14 de agosto tras la incursión de fuerzas federales y estatales en el municipio costero que se levantó en armas y posteriormente trasladados al Centro Federal de Readaptación Social en Veracruz y que se suma a los primeros cinco a los que ya se les había dictado auto de formal prisión por el juez tercero penal de primera instancia con sede en Morelia, a los últimos, los trasladaron al Cereso “David Franco Rodríguez” (Mil Cumbres) en la capital michoacana. Según el juzgado, a los 40 detenidos no se les logró acreditar el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de acopio de armas que se establece en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con la resolución del juez. Sin embargo, 21 de los detenidos no tienen derecho a quedar en libertad porque deberán enfrentar delitos graves como son portación de arma de uso exclusivo, previsto y sancionado, artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el delito de acopio de armas. En tanto, los otros 19 detenidos pueden alcanzar fianza para enfrentar en libertad los cargos de delitos no graves. Durante el operativo desplegado en la zona limítrofe con los estados de Colima y Jalisco, se detuvo al dirigente de la autollamado grupo de autodefensa, Agustín Villanueva, quien tenía en su contra una orden de aprehensión por secuestro, violación de domicilio y robo, al igual que Juan Manuel Ramírez, Salvador Martínez, Guadalupe Magaña y Vicente Villanueva. La estrategia de desarme se registró desde las 8 de la mañana en un plan coordinado entre las fuerzas federales y estatales. A las personas se les detuvo en primera instancia por el delito en flagrancia de posesión de armas de fuego. Según el gobierno del Estado había detrás del grupo intereses económicos, los que los motivó a apropiarse ilegalmente de las instalaciones de Seguridad Pública y realizar patrullas y bloqueos en la localidad, sembrando temor entre los comuneros. Hasta el momento, se estiman 140 familias desplazadas de la región, sobre todo en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec en donde surgieron los grupos de autodefensa desde el 24 de febrero.
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