Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad De México, 5 de julio.- Los tres generales y el teniente que estaban detenidos desde hace 14 meses por sus presuntos nexos con el narcotráfico dejaron la madrugada de hoy el penal federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. A las 01:55 de hoy viernes, los generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, salieron del centro penitenciario. Al cierre de esta edición, quedaba pendiente la salida del mayor Iván Reyna Muñoz, a quien también le decretaron la libertad por falta de pruebas en su contra. Anoche, el Poder Judicial de la Federación ordenó la inmediata liberación de los militares encarcelados en el sexenio pasado con testimonios falsos. Una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar conclusiones acusatorias en el juicio que se emprendió contra los generales Escorcia, Dawe y Pérez, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, resolvió sobreseer el proceso, al no existir imputación alguna en su contra. Los cinco militares enfrentaban cargos por presuntos nexos con los Beltrán Leyva por testimonios de testigos protegidos que falsearon sus declaraciones, según han reconocido instancias ministeriales y judiciales a escala federal. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, fue quien ratificó el escrito de conclusiones no acusatorias. Desistimiento Horas antes, a las 18:15 horas, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, entregó la ratificación del desistimiento del proceso penal en contra de cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Con el trámite de entrega de conclusiones no acusatorias comenzó a correr el plazo para el proceso de liberación de los cinco militares. Todos fueron acusados de brindar protección e información a los Beltrán Leyva a partir de los dichos del testigo protegido Roberto López Nájera, identificado con la clave Jennifer. El oficio de ratificación fue enviado por la dependencia federal al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales, a cargo del juez Raúl Valerio Ramírez. Con el mismo procedimiento, el juzgador liberó el 17 de abril pasado al general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, acusado también con testimonios de Jennifer. A partir de los testimonios de López Nájera, quien fue abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y de Sergio Barragán Villarreal, a quien se le asignó la clave de Mateo, la administración de Marisela Morales en la PGR detuvo y encarceló a los militares. En mayo de 2012, cuando se realizaron las detenciones, el general Ángeles Dauahare se encontraba en condición de retiro, luego de que había ocupado el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el general de brigada Dawe González era jefe del Estado Mayor de la 20 Zona Militar, con sede en Colima. Los testimonios de Jennifer y Mateo también fueron utilizados para detener en 2008 a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), también por proteger al grupo delictivo de los Beltrán Leyva. El 15 de abril de 2013 el ex funcionario fue liberado por el juez primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal con sede en Tepic, Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora. En este caso el juzgador ordenó a la PGR iniciar una investigación en contra del testigo protegido Jennifer, a quien señaló de usar testimonios falsos y prestar poca colaboración en el proceso contra el ex funcionario. El pasado 26 de junio el mismo juez federal de Nayarit, Fernández de la Mora, ordenó la libertad del mayor Arturo González Rodríguez, detenido en 2008. Pistas erróneas La Operación limpieza, lanzada por la PGR en 2008; la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, y la captura de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en agosto de 2010, detonaron las pesquisas contra los generales: El Ministerio Público Federal solicitó el 7 de marzo de 2012, diversas órdenes de localización y presentación contra generales y otros mandos militares por presuntamente brindar protección y dar información al cártel de los hermanos Baltrán Leyva.
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