Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Aun con los argumentos jurídicos de empresarios fabricantes y vendedores de cañones antigranizo, las autoridades de la Mesa de Seguridad Ambiental continuarán con los operativos para desmantelar los dispositivos que se presuma afecten a la calidad del medioambiente. La Procuraduría Ambiental de Michoacán (ProAm) aseguró que si bien los cañones cuentan con procedimientos de operación, no tienen autorizaciones o dictámenes de riesgo ambiental emitidos por la Semaccdet. Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la ProAm, aseguró en entrevista para La Voz de Michoacán que la Mesa de Seguridad Ambiental puede desmontar e inhabilitar los cañones bajo el principio de precaución de daño ambiental otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que precisó que en caso de recibir denuncias de afectaciones, actuarán en consecuencia. Y es que, destacó, fue hasta que se hicieron las clausuras y desmonte de cañones, fue que los dueños y empresarios relacionados al uso de estos dispositivos, aparecieron en la escena pública. Al respecto, destacó que la discusión en torno a los cañones antigranizo va más allá de los estudios científicos sobre el presunto daño que generan, si no que se trata de un tema de permisos. Probó que los operativos han sido debido a denuncias de ciudadanos de zonas afectadas por los cañones, yrecordó que sólo en los municipios de Madero y Acuitzio se recaudaron más de 5 mil firmas de campesinos para sacar los dispositivos de la región. Y es que, evidenció, el cañón que se desinstaló hace dos semanas en una comunidad de Acuitzio del Canje, y que fue ensamblado, vendido y controlado por la empresa SMA, se tomaron en consideración efectos como el cambio de uso de suelo en el espacio donde se instaló el cañón, así como la falta de documentación de riesgo ambiental autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet). El titular der la ProAm justificó que los documentos con los que cuentan los cañones antigranizo datan de 2009, 2010 y 2011, en tanto que las nuevas legislaciones hablan de que se debe contar con el aval de la Semaccdet. En repetidas ocasiones, Ricardo Luna García, titular de la dependencia, ha hecho referencia a que no se han otorgado permisos para la operación de estos dispositivos. “Es importante manifestar que si no hubiéramos intervenido, la empresa SMA, pues ellos no se hubieran acercado ni manifestado, y es lo que hemos propugnado, ¿por qué esperar el acto de autoridad para que presenten su autorización?;por parte de la Semaccdet, en parte autoridad, ahí se refieren a procesos de ProAm que son 2009, 2010 2011, son 11 procedimientos de los cuales son 9 en Peribán y dos en Tacámbaro, pero en la secretaría no existen a la fecha nuevas solicitudes de autorizaciones de riesgo ambiental. Ya existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de los principios precautorios en materia ambiental que, ante una afectación ambiental, el que la provoca está obligado a probar a la autoridad que no tiene repercusión en el caso”, manifestó.
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