Arturo Molina/La Voz de Michoacán Michoacán. Pese a la degradación ambiental y al constante crecimiento de afectaciones causadas por el cambio ilegal de uso de suelo en nuestro estado, autoridades ambientales estatales y federales siguen sin ponerse de acuerdo en lo que respecta a la contención de este fenómeno que sigue devorando a los bosques michoacanos. Sumado a la falta de coordinación, la discrepancia ha pasado al lado político y mediático por medio de constantes acusaciones y señalamientos de ambas partes. Por un lado, la Mesa de Seguridad Ambiental es acusada por la federación de orquestar operativos de desmonte de huertas “inconstitucionales”, en tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denuncia y ratifica, “la Profepaes la única facultada para atender este fenómeno”. Asimismo, la federación ha denunciado que tras la ruptura de colaboración en lo que concierne a la PROFEPA con las dependencias estatales integradas a la Mesa de Seguridad Ambiental, se ha cortado de tajo, el apoyo de la Policía Ambiental y otros apoyos en los operativos contra cambio ilegal de uso de suelo que esta ha llevado a cabo territorio michoacano. Por el lado contrario, la Semaccdet, Proam y otras dependencias del estado de Michoacán han denunciado en múltiples ocasiones la ausencia de la Profepa en las mesas de trabajo y de aportación para combatir los principales factores de degradación medio ambiental del estado, sobre todo, en lo que concierne al cambio de uso de suelo. De esta forma, han acabalado ya casi 2 años de acusaciones, uno en contra del otro, mismas que han roto por completo la relación entre ambos niveles de gobierno en lo que concierne al combate ambiental que es considerado como el reto de mayor tamaño para el estado de Michoacán y su población. En entrevista para La Voz de Michoacán, la delegada en Michoacán de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), Talía Coria reiteró que su dependencia federal, es la única facultada para combatir el cambio de uso de suelo. Al igual que en ocasiones anteriores, señaló que las autoridades administrativas del gobierno del estado no son competentes en la problemática. La principal discrepancia entre la PROFEPA y la Mesa de Seguridad Ambiental, es la forma en la que se procede. Mientras que la PROFEPA procede de manera administrativa, entrega citatorios, denuncias y clausura la entrada de las huertas, las dependencias de gobierno del estado han ido más allá, y han tomado por sus manos el desmantelamiento de las huertas de aguacate para desincentivar el efecto de los monocultivos sobre las superficies boscosas.
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