Javier Favela/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al impugnar los altos salarios de la élite del gobierno, la diputada Cristina Portillo Ayala presentó la respuesta de Morena a la inequidad reflejada en el gasto público de Michoacán, el cual destina casi el 40 por ciento al rubro de servicios personales. La legisladora señaló que Michoacán atraviesa por una crisis financiera muy severa, identificando como una de las razones que el gasto corriente en la burocracia supera al gasto de inversión. Durante la presentación de la iniciativa de Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del Estado, Portillo aseguró que los gastos de toda la burocracia gubernamental asfixian las finanzas públicas y, por eso, parece que no hay dinero que alcance. Cabe señalar que el gobierno de Michoacán proyectó un Presupuesto de Egresos por 67 mil 191 millones de pesos, de los cuales, 25 mil 841 millones corresponden al rubro de servicios personales, donde se pagan prestaciones sociales y económicas, estímulos, previsiones, seguridad social y remuneraciones (adicionales y especiales) al personal permanente y transitorio. En la tribuna del Congreso, Portillo contrastó que el gobierno de Michoacán paga casi 26 mil millones de pesos en burocracia y solo destina 731 millones de pesos en inversión de obra pública. Consideró que ello constituye la consecuencia más evidente de tener sueldos fantásticos y gastos burocráticos discrecionales. Recordó que en la Universidad Michoacana hay adeudos a sus empleados y profesores desde hace un mes y medio. Y afirmó que el gobernador ya anunció que para los trabajadores del poder Ejecutivo no hay ni habrá dinero ni aguinaldo en diciembre. “Esta situación actual no es ficticia. Es real y sucede en estos momentos”. En el marco de la discusión del paquete presupuestario 2019, que ya está en comisiones del Congreso, “nada más oportuno presentar hoy esta iniciativa de Ley de Austeridad Salarial para que se convierta en la guía técnica cuando nos detengamos a revisar el gasto que pretende asignar a los poderes ejecutivo, judicial, legislativo y a los entes de la administración pública”.
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