Redacción/La Voz de Michoacán Michoacán. El municipio de Nahuatzen ha estado envuelto en una espiral de violencia y pleitos internos desde hace ya varios años, principalmente debido a las amenazas por parte del Consejo Ciudadano Indígena (CCI) y su intención de ejercer como ente que gobierne la región, situación que sigue pendiente y con varios claroscuros ante la decisión de otorgarle a este grupo parte del presupuesto destinado a la cabecera municipal; sin embargo y pese a los constantes riesgos de brotes de violencia y la nula capacidad de ejercer su voto en los últimos comicios federales, autoridades electorales consideran que han actuado bien respecto al caso. Y es que desde 2015 se creó el CCI de Nahuatzen, conformado por únicamente unos cuantos pobladores de esta municipalidad, expulsando a Miguel Prado, el entonces alcalde, quien tuvo que realizar sus funciones a distancia a causa de las amenazas de muerte a su persona. Desde aquel entonces, los habitantes han denunciado la falta de servicios como agua y luz eléctrica, así como un aumento en el vandalismo y la presencia de personas armadas en el municipio. Durante el proceso electoral pasado se dieron sucesos tales como la quema de propaganda, altercados, robo de equipo y de documentación electoral, además de hostigamiento y amenazas hacia los candidatos y a la población en general. Por si fuera poco, el CCI alertó que de no cumplirse sus exigencias habría un “derramamiento de sangre”, todo ante pasividad del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En medio de este panorama complejo, David Otlica Avilés fue electo como alcalde de Nahuatzen, denunciando que la problemática persiste en el municipio, claro ejemplo fue que después de los 5 meses del periodo electoral, el edil aún no lograba tomar posesión de su cargo. Sin embargo, tras el diálogo entre el Consejo y el Ayuntamiento fue signado un acuerdo de no agresión, mismo que trazaba la ruta para mantener una interlocución entre las partes, además de establecer una mesa técnica que permitiría delimitar las responsabilidades, después de que tanto el IEM como el TEEM validaron al CCI como autoridad comunal pese a los reclamos de la enorme mayoría de los habitantes.
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