AP / La Voz de Michoacán Los Ángeles. Siete agentes de inmigración llenaron una tienda 7-Eleven antes del amanecer del miércoles, esperaron a que la gente pagara sus compras y dijeron a los clientes que llegaron y a un repartidor que llevaba cerveza que esperasen fuera. Había una inspección federal en marcha, dijeron. En 20 minutos verificaron que el cajero tenía un permiso de residencia válido y emplazaron al propietario a presentar en tres días los registros de contratación relacionados con la situación migratoria de los empleados. El proceso, bien ensayado y ejecutado con discreta eficiencia en el barrio coreano de Los Ángeles, se reprodujo en unas 100 tiendas 7-Eleven en 17 estados y el Distrito de Columbia, una operación en marcha que las autoridades describieron como la mayor redada de inmigración contra un único empleador durante la presidencia de Donald Trump. Las auditorías y entrevistas con empleados de las tiendas podrían llevar a cargos penales o multas. Y parecieron abrir un nuevo frente en la creciente campaña de Trump de control de inmigración, que ya ha aumentado en un 40% las detenciones para deportaciones y promesas de gastar miles de millones de dólares en un muro fronterizo con México. Un alto cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo que la operación era “la primera de muchas” y “un indicador de lo que vendrá” para los empleadores. "Eso es para lo que nos preparamos este año, y lo que vas a ver más y más son este tipo de operaciones a gran escala, para empezar”, dijo Derek Benner, jefe interino de unidad de Investigaciones de Seguridad del ICE, que supervisa las causas contra empresas. No va limitarse a grandes compañías ni una industria en particular, grande o pequeña”, agregó.
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