Buscan 'atrapar' a transportistas en el SAT en la región de Sahuayo

José Luis Ceja/La Voz de Michoacán

Sahuayo, Michoacán. En la idea de formalizar a más de mil prestadores de servicios de transporte público en esta región, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha emprendido una campaña para lograr que se incorporen a este esquema fiscal.

De acuerdo a la información proporcionada por la oficina local del SAT, la campaña de incorporación está dirigida a prestadores de servicios y propietarios de unidades de taxi, combi, microbús, bicitaxis, mototaxis y vehículos dedicados a las mudanzas de los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Villamar, Venustiano Carranza y Pajacuarán donde se concentra la mayoría de estos operarios.

Entre los beneficios que el SAT oferta a los potenciales contribuyentes se encuentran servicios de salud, pensión, crédito para vivienda y oportunidades de financiamiento, esto en la intención de abatir el índice de la informalidad laboral que, de acuerdo a datos del mismo Sistema de Administración Tributaria implica a 29 millones de personas que, regularmente obtienen escasos ingresos.

Es de señalar que si bien, en los cinco municipios ya citados el parque vehicular de flotillas de taxis es cercano a los 1,200 unidades, de acuerdo a estimaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán, en la región Ciénega al menos el 50 por ciento de las unidades operan de manera irregular, esto es, ni siquiera cuentan con la concesión estatal para la prestación del servicio.

Vale precisar que las uniones de taxis de municipios como Jiquilpan contratan los servicios de un contable para llevar la administración fiscal de la organización sin embargo la intención de esta invitación por parte de la entidad recaudadora  es que cada uno de los propietarios de estos vehículos sean dados de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ante ello, taxistas consultados sobre esta iniciativa han señalado que, previo a esto, debería darse por parte de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) un proceso de regularización para abatir el pirataje ya que actualmente los vehículos que prestan el servicio en el marco de la ilegalidad omiten incluso el pago de impuestos estatales.