Juan Bustos/La Voz de Michoacán Si bien se prevé una mayor atención por parte de la nueva administración para el tema de la desaparición forzada, aún persiste un problema estructural de violencia de estado para activistas y familiares de detenidos y desaparecidos, además de que está pendiente la armonización de la ley nacional con las leyes locales,y Michoacán está entre los estados rezagados en esta materia, expuso Janahui Paredes Lachino, vocera de Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando voces”. En entrevista con La Voz de Michoacán en el marco de la denuncia de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Policía Michoacán el pasado martes 22 de Enero del presente año contra los integrantes de la familia Ramos Alfaro, quienes desde 2013 vienen denunciado la desaparición forzada Daniel Ramos Alfaro, la hija de Francisco Paredes, desaparecido desde el año 2007, manifestó que hacían la denuncia porque hubo hechos de agresión, como allanamiento de morada, robo, violencia , tortura física y psicológica contra los integrantes de la familia Ramos Alfaro. Dijo que desde la organización perciben queno hay un cambio con el relevo de gobierno y que no viene a transformar en eltema de las desapariciones forzadas: “El planteamiento ya lo hemos dicho: se trata de una política de Estado”. Subrayó que las desapariciones están en aumento y las agresiones a los activistas, sobre todo porque se señala a los autores materiales, que son policías federales, estatales y el Ejército como los responsables. Dijo que las organizaciones aún son una voz incómoda,en un contexto donde no hay una ley que sea efectiva:“Hemos luchado como movimiento anivel nacional pero no hay una ley, no hayvoluntad políticapor terminar con las desapariciones forzadas”, lamentó. Dijo que ahorita se ha dado un movimiento por parte de la administración de AMLO en cuanto a la Ley de Desaparición Forzada, pero no se ha armonizado en Michoacán y en otros estados. “Faltan muchas cosas técnicas en el proceso de implementación que nos quedan claras, siempre hemos exigidoque no se puede implementar”. Reiteró quesin la implementación se deja sin proteccióna las familias, que son las que se enfrentan todos los días a la Procuraduría y los policías que evaden el acceso a la justicia. “Hay muchos vacíos y negativa por parte de las autoridades para abordar el temade las desapariciones forzadas;en el caso específico de la organización, planteamos ahorita la protección de los defensores de los derechos humanos”, dijo. Agregó queno hay un balance puntual de las autoridades donde se sienten a escucharlos y que sus mecanismos no funcionanya que son reactivos y no preventivos.“Sí hay apertura para escuchar, pero hay una política de Estado y sigue con la Guardia Nacional el mecanismo de protección”. Subrayó que hayuna exigencia en el estado, pues han pedido que el gobernador escuche a los integrantes de esta organización, como en el caso de la familia Ramos Alfaro,la cual no ha tenido acceso a la justiciatras la desaparición de Daniel Ramos Alfaro en 2013 en la población de Betania, en Uruapan, donde se desempeñaba comoo capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
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