Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia. La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) tiene bajo lupa el uso de más de 21 millones de pesos en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por presuntas irregularidades en su manejo. Desde el pago por concepto de Impuesto Sobre la Renta con cargo al presupuesto del árbitro electoral, hasta la autorización de horas extraordinarias a los comités locales y el pago a personal, forman parte de las siete observaciones que plasmaron en un documento que notificaron a los personajes involucrados. La fiscalización se ejecutó en 2015, y en estos momentos se ha iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidades número AEF 005/2018 en donde podrán presentar alegatos y pruebas para desvanecer las observaciones no aclaradas en la etapa de seguimiento. Cuestionado al respecto, el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, confirmó que el año pasado presentó alegatos, y se espera un fallo favorable, pero negó que las observaciones sean por malversación o desvío de recursos públicos. Hasta el momento, según informes del propio árbitro Electoral, la Unidad Jurídica de la Auditoría no ha emitido resolución. El pliego de observaciones establece infracciones de tipo económico y administrativo. La primera y la más cuantiosa asciende a más de 10.2 millones de pesos y es producto de haber autorizado el pago a personal de mandos medios y superiores desde el nivel de jefe de departamento o equivalente adscrito al IEM, a quienes se les hicieron pagos de remuneraciones por horas extra fuera de la norma. En tanto, en una segunda observación hecha por más de 5.1 millones de pesos es producto de la autorización del pago por concepto de ISR con cargo al presupuesto. En tanto, por 4.8 millones de pesos por haber autorizado el pago a los representantes de los partidos de manera indebida, al dictar las políticas y medidas para el pago de los recursos a los representantes de los institutos para los servicios de mantenimiento y conservación de cada una de las áreas con que cuentan en el IEM y se hicieron fuera de la norma. En este punto se establecieron acuerdos los cuales no proporcionaron una seguridad razonable en el uso y destino de los recursos y se desvía el recurso para el cual se otorgan. La falta refiere pagos realizados por fuera de la norma y lo mismo ocurrió al pagar liquidaciones, en donde se autorizaron pagos por concepto no establecidos debidamente en la Ley Federal del Trabajo y efectuarse pagos excesivos. Esta última sanción asciende casi al millón de pesos; por último, una infracción por el orden de los más de 700 mil pesos al haber autorizado el pago por concepto de estímulos al personal operativo y sin la debida suficiencia presupuestal. Hernández Reyes reafirmó que fueron siete observaciones las que hizo el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado, y en este momento están en espera de la resolución, una vez que se presentaron los alegatos. Se espera que en los tiempos que marca la ley, la Auditoría Superior emita un dictamen definitivo. “Nos notificaron, y nosotros presentamos los recursos legales en noviembre del año pasado”, informó el árbitro, quien dijo esperar que no prospere el pliego de observaciones. Aclaró que no hubo desvíos de recursos en su administración, sino que son faltas de forma. Se comprometió a dar a conocer los resultados del fallo, pero destacó que ya están trabajando en el tema los expertos para que la Auditoría Superior desvanezca el pliego. En la lista, aparecen observadas personas que ya ni siquiera pertenecen al órgano electoral, pero que han sido ubicadas como posibles responsables, a quienes se les está defendiendo. Descartó que haya anomalías en la contratación del despacho externo que defiende al IEM. La reacción en el Consejo General del IEM La consejera Araceli Gutiérrez Cortés ha externado su molestia por la falta de información sobre el estatus que lleva el avance o el procedimiento que tiene bajo lupa la Auditoría. Se quejó que por lo menos 5 u 8 veces preguntaron el avance, sin que se les otorgaran datos, incluso, se alarmó porque en diciembre les informaron que se arrastra una deuda de 50 mil pesos para cubrir los servicios del despacho externo, con quien tiene el órgano electoral una relación desde el 2015. Por su parte, la consejera Viridiana Villaseñor Aguirre se dijo sorprendida que haya un despacho contratado del que no fue informada. Ella mencionó que sí se le notificó el avance de cuál era el estatus y cómo se estaban cumplimentando las observaciones de la Auditoría. “Tarjetas de Liverpool, no se han dado; el tema de las liquidaciones que estábamos desfasados en los lineamientos, se aplicó este manual de relaciones laborales, y así sucesivamente. En el tema de subsidiar el ISR, ya no se hacía”, dijo. La polémica también se ha presentado entre si la defensa la debe encabezar el Instituto Electoral o de manera individualizada cada funcionario o exfuncionario observado. En este punto Villaseñor Aguirre cuestionó las formas, pues aseguró que hay personas que ya no pertenecen a la institución; anunció que el tema tendrá que subirse a la mesa de consejeros. En la última reunión de la Comisión de Administración del Instituto Electoral, el representante del partido Movimiento Ciudadano, Víctor Alfonso Cruz, reconoció que la relación con el hoy exauditor ha sido tensa, e incluso, hubo un conato de enfrentamiento con José Luis López Salgado. “El tema ya pasó a la etapa de alegatos, ya ahorita está la etapa del proyecto de resolución y desde que se dieron las primeras circunstancias de instauración de procedimiento administrativo de responsabilidades”. Pidió la comparecencia de los integrantes del despacho que se encarga de la defensa, para que expliquen puntualmente cuáles son y han sido las gestiones y hagan proyecciones sobre el tema, y conocer las pruebas con que se cuenten para atender el pliego de observaciones en donde también se establece el pago de horas extraordinarias a los integrantes de los comités electorales y el realizar las adquisiciones de equipo de transporte durante el 2015 bajo la modalidad de adjudicación directa. La consejera Yurisha Andrade Morales también mencionó que ha estado pendiente del estatus en que se encuentra la fiscalización, y “siempre se nos daban vueltas y vueltas al asunto y nunca nos han dado algo preciso”. Se dijo preocupada por qué no se sabe de las repercusiones que tendrían hacia la institución. Se quejó de que la tarjeta informativa con que cuentan “es demasiado general, nada preciso”. Aprovechó para hacer nuevamente la solicitud y pedir más detalles sobre el despacho externo que fue contratado.
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