El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. El pasado 12 de febrero, el juzgado Décimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al exgobernador interino de Coahuila, el priista Jorge Juan Torres López, con lo que frena por el momento su extradición a Estados Unidos. El exmandatario, quien sustituyó en el cargo a Humberto Moreira Valdez, es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario, presuntamente cometidos en 2008. Tras ser detenido, la defensa de Torres López interpuso un juicio de amparo contra el proceso de extradición que se sigue en su contra, incomunicación, tortura y malos tratos. Se encuentra recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México a donde fue ingresado luego de ser detenido, el 5 de febrero, por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en un lujoso centro comercial de Puerto Vallarta, Jalisco. En 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra de Torres López y del exsecretario de Finanzas de la entidad, Héctor Javier Villareal Hernández, por lavado de dinero por más de 2 millones de dólares cada uno en bancos de Texas y de las Bermudas. Según las autoridades, el priista abrió diversas cuentas bancarias en Texas para triangular dichos fondos públicos a las Bermudas, considerado un paraíso fiscal. "Hubo varias transferencias grandes de dinero entre las cuentas bancarias de los Estados Unidos de Torres López y Villarreal Hernández", acusó la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Contaba con una ficha roja, emitida por Interpol, por lo cual era buscado en 194 países, además de que se encontraba en la lista de los más buscados por la DEA. La Fiscalía General de la República señaló que fue puesto a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, para definir su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional.
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