Christian Fuentes / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Panchita es una mujer de más de 60 años de edad, desde hace 4 décadas se ha dedicado al servicio de limpieza en diferentes hogares de la capital michoacana y jamás estuvo dada de alta en el IMSS, por lo tanto jamás accedió a beneficios como el Infonavit o Fonacot. Cuando se enfermaba tenía que echar mano de donde podía, de sus ajustados ahorros, préstamos en cajas populares o conocidos y ya en las últimas décadas en las farmacias de similares, pero eso sí, se le descontaba el día por faltar. Como ella el 90 por ciento de las trabajadoras domésticas del país, más de dos millones de mujeres, principalmente, no tenían accesos a servicios de salud. A partir de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo al no existir una razón para que la Ley Federal del Trabajo y Ley del IMSS no incluyan el trabajo doméstico dentro del régimen obligatorio de seguridad social. Ante ello el Pleno de la Segunda Sala de lo Alto del Tribunal determinó que es una falta constitucional el hecho de que los patrones no otorguen este derecho a las empleadas domésticas en el IMSS de manera obligatoria. Esta resolución entrará en vigor a partir de este año y tiene un plazo de hasta tres años para que todos los empleadores se sujeten a la norma y todas las trabajadoras domésticas accedan a los beneficios. En muy poco tiempo, Panchita como el resto de las trabajadores domésticas deberán de gozar de los mismos derechos que cualquier empleado. Este beneficio deberá verse reflejado tanto en el tema de los servicios de salud como de sueldos y demás beneficios, poco a poco deberán ajustarse los empleadores a la Ley Federal del Trabajo y otorgar los beneficios laborales para este sector de la sociedad, que hasta ahora sigue siendo un oficio demeritado, mal pagado y hasta con abusos. Panchita recuerda que en alguna ocasión su patrón tardó más de un mes en pagarle el sueldo, ella le reclamó, era un ingeniero con muchos carros y una casa muy bonita, “le dije que me pagara que yo vivía al día”, pero en vez de conmoverse me dijo que no me iba a pagar y que le hiciera como ella quisiera, es más que me fuera en ese instante, y que si me seguía viendo iba a llamar a la policía diciéndome que me robé algo”, la mujer, entonces de unos 50 años no tuvo más remedio que salirse de ahí, era su palabra contra la del ex patrón. En otra ocasión se cayó y se fracturó la rótula, lavando el baño de una casa; la dueña la llevó al Hospital Civil y ahí la dejó. La operación y los gastos fueron de casi seis mil pesos, la patrona “le regaló” tres mil, el resto lo tuvo que conseguir empeñando la televisión de la casa con unos parientes; durante casi tres meses no pudo trabajar y tuvo que vivir de lo que vivía su familia. Seguramente, las ordenanzas de la ley no entrarán en vigor de inmediato, pero finalmente, luego de décadas, Panchita y más de dos millones de personas podrán recibir esa justicia laboral que la mantuvo alejadas de beneficios sociales, como la salud y la estabilidad laboral.
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