Alejandro Serrano/La Voz de Michoacán Buenavista, Michoacán. Los cuatro detenidos que hubo después de una balacera entre integrantes del crimen organizado contra policías y soldados en este municipio de Buenavista, la cual dejó como saldo nueve presuntos delincuentes muertos, un Teniente Coronel fallecido, así como un soldado y un policía lesionados, ya están libres y ahora los elementos del Ejército y los agentes de Seguridad Pública son investigados por supuestas violaciones al Debido Proceso y a los Derechos Humanos de los arrestados y de los presuntos criminales abatidos, según la determinación del Juez Federal que lleva el caso. El jueves 21 del presente mes los militares y los policías estatales fueron emboscados en un camino que conecta a las localidades buenavistenses de Pinzándaro y de Zimanca. Los uniformados repelieron la agresión y así se desató un enfrentamiento. Resultado del tiroteo hubo 10 muertos: nueve de ellos presuntos pistoleros, entre los cuales estaba una mujer. El décimo fallecido fue el Teniente Coronel, J. Guadalupe Barrientos Ortiz y se registraron dos heridos: un soldado y un policía. También cuatro supuestos gatilleros fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Representación Social: Carlos R., Jesús G., Santiago Ch. y Uriel Gerardo A., esto por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y delincuencia organizada. En esa ocasión, precisamente fue asegurado armamento de alto poder. Al continuar con el proceso del caso y en una audiencia, el Juez Federal Ganther Alejandro Villa Ceballos, determinó que los imputados quedaran libres por violaciones al Debido Proceso y violación a sus Derechos Humanos. Villa Ceballos consideró que hubo actos de tortura en contra de los indiciados y señaló que la puesta a disposición de éstos ante el Ministerio Público Federal fue tardía, de más de seis horas. Ahora irónicamente a los soldados y a los policías “se les volteó la tortilla” y las autoridades federales indagan su posible participación en los delitos de abuso de autoridad, homicidio y tortura. El escenario tiene indignadas a las familias de los oficiales y también a la sociedad michoacana por la falta de garantías que otorga la ley a los guardianes del orden y porque el tema ha dejado en la impunidad el asesinato del Teniente Coronel J. Guadalupe Barrientos. “No es posible que las autoridades judiciales vean más por los derechos humanos de los criminales y que las vidas de nuestros seres queridos no les importen, que liberen a los delincuentes y que éstos salgan y se burlen del dolor que tenemos, ojalá nunca los jueces ni los políticos pasen por esto: perder a un ser amado y que todos miren hacia otro lado como si nada pasara”, fueron las palabras otorgadas a esta redacción por uno de los militares que participó en aquella balacera, el cual prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
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