El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. En comunicado conjunto, las secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobernación reiteraron que no existe un "acuerdo vinculante" con el gobierno de Estados Unidos para aceptar la recepción, en territorio nacional, de migrantes que esperan la audiencia y resolución de sus peticiones de asilo en el país vecino. Ha sido por razones humanitarias y de manera temporal, el gobierno de México ha autorizado el ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos en tanto se efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes. La alternativa, la deportación de nuestro país, implicaría negar el derecho de asilo que el gobierno de México suscribe y protege", establecieron. Por eso recalcaron que frente a la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 (b) (2) (c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, "México ha optado por apoyar a los migrantes". En el comunicado se insistió en que "la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria, una que pone al centro la protección de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario en la región". Es por eso, se indicó, que las autoridades migratorias de México mantienen una fluida comunicación con sus contrapartes estadounidenses "a fin de garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada". Pero "el gobierno de México ha fijado criterios específicos para el retorno de ciertas personas que ingresaron a Estados Unidos para solicitar asilo, como no admitir menores no acompañados a nuestro territorio ni permitir la separación de familias". En el escrito se establece que México respeta el derecho soberano de Estados Unidos para ejecutar sus proyectos migratorios, "pero actúa y actuará de forma soberana e independiente al fijar nuestra propia política de migración". Es por eso que México ha otorgado hasta ahora estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral. Gracias a esta nueva política se ha subsanado el error fundamental previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginalización y la precariedad".
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