Por Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz En las diferentes etapas que ha experimentado la democracia representativa, el gran reclamo de los ciudadanos a los legisladores en cualquiera de las cámaras, ha sido la lejanía manifiesta de los Diputados o Senadores del H. Congreso de la Unión y de los Diputados Locales en las legislaturas de las entidades federativas, donde las exigencias son mayores dada la residencia de los legisladores en el mismo territorio que representan. De acuerdo con sus facultades constitucionales, el Poder Legislativo es el responsable de actualizar permanentemente los cuerpos normativos que regulan la convivencia social tanto en el ámbito federal como estatal, no obstante, dicha atribución desde la perspectiva ciudadana, es una facultad delegada del poder soberano, ya que como la Carta Magna señala en su artículo 39, “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”. En ese contexto, hemos visto como pasaban legislaturas, con alternancia en las mayorías y en la propia composición de los grupos parlamentarios; sin embargo, el reclamo de la gente continuaba siendo el mismo, iniciativas de leyes que se hacían por decisión unipersonal del legislador o por mandato colectivo de los intereses de los integrantes de los partidos políticos representados en las cámaras, las cuales no necesariamente están alineadas con las demandas o exigencias ciudadanas, siempre los últimos en enterarse que iniciativa había presentado, discutido y en su caso aprobado su representante, eran justamente los electores-representados. A partir de esa presión justificada y con la finalidad de llevar del discurso y la retórica a los hechos, los instrumentos de participación ciudadana, pero sobre todo, hacer realidad el anhelo de muchos ciudadanos de llevar su voz a las tribunas más altas del país, se configuró un nuevo entramado conceptual y con perspectiva de materialización institucional denominado parlamento abierto, que busca constituirse en un modelo de representación política y eventualmente instaurarse como ese instrumento moderno y eficaz de interlocución entre los representantes populares y sus representados, cuyo fin último es que los Congresos o Parlamentos abran sus puertas para que los diferentes actores de la sociedad, puedan participar en el escrutinio de las decisiones externas e internas que toman los legisladores, cuidando siempre que su actuar se apegue a los postulados éticos y de integridad que reclaman los nuevos tiempos democráticos. En un parlamento abierto, la gente se pone en el centro de las decisiones, su voz es escuchada y sus propuestas son recuperadas en el proceso legislativo de cualquier reforma legislativa; al final una ley beneficia o perjudica a toda una sociedad no a sectores fragmentados de la misma. En las últimas legislaturas se hicieron algunos intentos por lograr que hubiera mayor apertura, sin embargo, no se habían dado pasos consistentes hasta que ahora, derivado de la gran inquietud que generaron las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, la reforma educativa y ahora también la reforma a la Ley Federal del Trabajo es que el parlamento abierto da señales de que hemos pasado del discurso a las acciones. Falta mucho por avanzar, pero las audiencias públicas que se han promovido para la discusión de estos temas son una prueba de que es posible transitar hacia otro tipo de esquemas, donde los legisladores tengamos la obligación de estar escuchando permanentemente a nuestros representados, si en el territorio pero también en los espacios de discusión y decisión de las cámaras legislativas. En pleno siglo XXI, no es posible que se sigan recreando los viejos vicios del pasado, es necesario fortalecer nuestro régimen democrático promoviendo la participación de la gente realmente, ya basta de retóricas y buenas ideas, tenemos que lograr legislaciones modernas y ad hoc a las necesidades de la sociedad, el parlamento abierto puede ser el medio, construyámoslo adecuadamente y démosle el peso real al poder soberano que reside esencial y originariamente en el pueblo.
La Voz de Michoacán
