Notimex/La Voz de Michoacán La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, cumplirá mañana domingo cinco años, en los que cientos de personas han sido investigadas y se ha logrado la recuperación de activos millonarios. Este aniversario se cumple al final de una semana en que el Supremo Tribunal Federal emitió un par fallos que significaron reveses para la Operación, que en los años anteriores fue impulsada por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia. Desde que la operación inició en 2014, la empresa estatal brasileña Petrobras, la más afectada por este esquema de corrupción, ha recuperado 2.5 mil millones de reales (unos 655 millones de dólares), lo que da un promedio de 1.37 milolones de reales diarios (unos 340 mil dólares), según las autoridades. Asimismo, 11.5 mil millones de reales (unos tres mil millones de dólares) aún deben ser devueltos al erario, con base en 13 acuerdos establecidos con empresas involucradas en el caso, cifra superior a los gastos de la Justicia Federal, de acuerdo con la agencia pública de noticias Brasil. La operación se inició el 17 de marzo de 2014, cuando se abrió una investigación sobre cambistas de dinero que operaban en un lavado de autos (denominado en Brasil "lava jato"), lo que reveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras. Las primeras pesquisas derivaron en la detención del banquero Alberto Youssef y del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quienes establecieron acuerdos de delación con la justicia y se convirtieron en piezas clave del escándalo, el cual se extendió a una docena de países. En estos cinco años, la Lava Jato generó 91 acusaciones contra 426 personas físicas, aunque no todas ellas han sido procesadas. Del total de involucrados, 63 personas fueron acusadas de falta de probidad administrativa, junto con 18 empresas y tres institutos políticos: el Partido Popular (PP), el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y el Partido Socialista Brasileño (PSB), según el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil. Más de 180 personas denunciadas establecieron además acuerdos de delación premiada, bajo los cuales empezaron a colaborar con las investigaciones a cambio de recibir condenas menos severas. Aunque la operación anticorrupción ha tenido logros en estos cinco años, en la última semana sufrió un par de reveses. El pasado jueves, el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó que crímenes como el de lavado de dinero deben ser juzgados por cortes electorales y no penales, si están asociados a la financiación ilegal de campañas, por lo que se prevé que esos casos no desembocarán en penas carcelarias. A esa decisión se sumó la anunciada el viernes por el ministro del STF Alexandre de Moraes, quien ordenó suspender un acuerdo firmado entre los fiscales de la "fuerza de tarea" de Lava Jato en Curitiba y Petrobras. Según dicho acuerdo, los fiscales administrarían un fondo por mil 250 millones de reales (unos 325 millones de dólares), con parte de las multas pagadas por la petrolera en Estados Unidos y revertidas a Brasil, pero De Moraes suspendió el convenio y ordenó bloquear el dinero.
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