Notimex/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Tras haber promovido un amparo indirecto administrativo ante el Poder Judicial de la Federación (702/2018), el exsecretario de Finanzas de Michoacán, Miguel López Miranda, recibió fallo condenatorio, por lo que tendrá que cumplir con una inhabilitación de ocho años y multa de 572 millones 15 mil pesos. El pago fue impuesto por la Secretaría de la Contraloría en el estado, el 17 de enero de 2017, por lo que el exfuncionario, catedrático y exaspirante a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con 15 días para promover recurso de revisión. Fue el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo primer Circuito en Morelia, quien determinó que Miguel López Miranda cometió falta administrativa cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas y Administración de Michoacán. La falta, según el documento, consistió en que el exfuncionario no cumplió con legalidad y honradez en el servicio público encomendado, toda vez que ostentando el carácter de fideicomitente del fideicomiso irrevocable de administración con derecho a reversión, permitió, autorizó y firmó cesión de derechos el 22 de mayo de 2015. Esta situación se dio dentro de la escritura pública, en la cual realizó la cesión onerosa de los derechos inherentes correspondientes a parcelas que constituían parte del patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM). El monto, según especifica el documento, fue de 72 millones 70 mil pesos, sin que existiera autorización por parte de la Junta de Gobierno de la entonces dependencia en el gobierno de Salvador Jara Guerrero. El expediente destacó que López Miranda, para efectuar dicho acto jurídico, tampoco elaboró un expediente técnico, ni realizó un avalúo actualizado, el cual determinara el valor real del mismo. Con estas acciones causó una pérdida económica por la cantidad de mil 144 millones 30 mil pesos al referido Instituto, monto calculado del costo total de las hectáreas, con un importe de mil 214 millones 100 mil pesos. La Secretaría de la Contraloría del estado determinó la sanción administrativa (prevista en el numeral 19, fracción V, de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán) consistente en la inhabilitación por ocho años y el pago de los más de 572 millones de pesos, por la que López Miranda se amparó y finalmente perdió.
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