Redacción/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto del recurso para la devolución de los servicios educativos a la Federación que interpuso el Ejecutivo estatal, sería “la salvación” para Michoacán, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de la entidad. Luego que la SCJN admitió un recurso de inconstitucionalidad para que el gobierno de la república acepte el reintegro de la nómina del nivel educativo básico, interpuesto por el estado, Aureoles Conejo mencionó que “vamos a esperar a que se elabore la ponencia y la resolución de la corte, es la salvación para Michoacán, si la corte dictamina o resuelve en función de lo que yo he planteado, que es que Michoacán está listo para concurrir con la Federación para el pago de la nómina magisterial”. Agregó que “la educación es nuestra prioridad, pero debemos concurrir con lo que sí tenemos, no con lo que no hay; entonces, eso va muy bien”. Este viernes, la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de la entidad devolver a la Federación la obligación de impartir educación básica, recurso que además impugna las reglas de distribución de recursos para pagar los sueldos y los salarios de los maestros. El Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión disponen de 30 días para dar contestación al recurso interpuesto por Michoacán, donde se pide a la SCJN anular el artículo 13 fracción, de la Ley General de Educación, que asigna a los estados la obligación de impartir de manera exclusiva la educación inicial; básica, incluyendo la indígena, y normal, para formación de docentes. Asimismo, invalidar los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de recursos federales para la educación, así como dos oficios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que responden a reclamos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto, luego que Silvano Aureoles diera a conocer, el pasado 26 de noviembre, que Michoacán se retiraba del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en 1992, por carecer de recursos para pagar la nómina magisterial.
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