Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Documentación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señala que actualmente el Ayuntamiento de Morelia enfrenta 168 casos de denuncias laborales, los cuales están en proceso de revisión, lo que puede complicar las finanzas del gobierno municipal tomando en cuenta que recién se le notificó que perdió el más reciente, al que tendrá que destinarle el 12 por ciento de la recaudación esperada por impuesto Predial este año para poder saldarlo. Después de que en julio se emitió una resolución de pago a la demanda de casi 100 empleados del Ayuntamiento de Morelia y la misma no fue acatada, este ente tendrá que pagar una suma total de más de 48 millones de pesos, misma cantidad que debió ser congelada de sus cuentas bancarias en caso de incumplimiento. Actualmente, el Ayuntamiento de Morelia es uno de los entes que enfrenta una mayor cantidad de demandas de tipo laboral. En entrevista para La Voz de Michoacán, el titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán informó que recientemente se han recibido cerca de 300 demandas a distintos ayuntamientos, de los cuales el municipio de Morelia encabeza la lista con unos 168 casos, mientras que Lázaro Cárdenas tiene cerca de 52 y Ario de Rosales, 48. También puedes leer: Ayuntamiento de Morelia ‘ficha’ a futbolistas: Morón lleva a sus jugadores a la alcaldía Además, la cifra de 48 millones de pesos significa un importante monto para las arcas municipales si se le compara con las cifras de ingresos propios e inversión en áreas claves, ya que es más de 12 por ciento de lo que se prevé recaudar este año mediante el impuesto Predial, que está proyectado en poco más de 390 millones de pesos. El monto también corresponde a cerca de una cuarta parte de lo que se tiene estimado este año en inversión en política social, que ronda los 207 millones de pesos. Es casi un cuarto del monto proyectado en vialidades, que suma 192 millones de pesos. Sobre el laudo de 48 millones de pesos, la documentación referida señala que se debe cubrir la demanda a favor de un total de 96 trabajadores, los cuales en algunos casos superan 1 millón 300 mil pesos y fluctúan entre los 200 mil y los 700 mil pesos. El total es de 48 millones 731 mil 977 pesos. Entre los documentos se encuentra un oficio emitido por el tribunal el pasado 6 de agosto y recibido en la sucursal de una firma bancaria con dirección en el Centro Histórico de Morelia. Con el documento, se le solicita informar si determinadas cuentas se encuentran a nombre del municipio de Morelia y, en caso positivo, se le instruye que el titular de la cuenta “no podrá realizar ningún movimiento sobre la cantidad congelada que le fue embargada”, es decir, los ya mencionados 48 millones 731 mil 977 pesos. También puedes leer: Morón no revela gastos públicos en su primer informe; todavía no se hacen «las cuentas», dice El oficio también precisa que, si dichas cuentas bancarias presentan un excedente sobre esta cifra, entonces el titular podrá disponer del efectivo. Finalmente, la solicitud marca 3 días hábiles, de tal manera que la mencionada cantidad debió ser congelada el pasado viernes 9 de agosto, al menos que las autoridades municipales hayan efectuado al pago de la demanda o que haya procedido otro proceso legal. La documentación disponible refleja que, como ya se mencionó, este caso no es reciente, sino que se remite al año 2012. Posteriormente, el pasado cuatro de julio de 2019, el tribunal comisionó a un actuario para que hiciera el requerimiento de pago o embargo en favor de los 96 trabajadores, al hacer mención de que existían otros 57 quejosos pero que “se dieron pagados de lo reclamado en la demanda” a través de comparecencias en mayo. No obstante, el Ayuntamiento no procedió a realizar de manera voluntaria dicho pago millonario, por lo cual la defensa de los trabajadores solicitó que se le embargaran los bienes muebles e inmuebles que se equipararan al monto económico de la demanda, a lo cual la parte demandada respondió que “La Ley Orgánica Municipal dispone que todos los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio del municipio son inembargables”, por ello se planteó embargar cuentas.
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