Notimex/La Voz de Michoacán México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que ninguno de los temas vinculados con la violación de derechos humanos en la actualidad será invisibilizado, como la tortura que es uno de los más sensibles de la agenda del Gobierno Federal. Al participar en el Foro Temático: “Acciones estratégicas y eficaces para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, ¿afirmo? que se asume la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar la protección, la defensa y los derechos en el país. En el evento que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, reconoció que la tortura en México es una práctica regular que se ejerce desde la propia autoridad, desde los distintos órdenes de gobierno y durante muchos años se ha querido invisibilizar. “En ocasiones ha llevado a que esto se convierta en un fenómeno con cierta normalidad que causa enojo en la población”, señaló en un comunicado. Reiteró que la tortura no es un asunto menor, ya que refleja una de las peores prácticas de la incapacidad del Estado para asumir su responsabilidad en materia de derechos humanos, así como para ejercer una verdadera impartición de justicia. Por su parte el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Luis Arriaga Valenzuela, dijo que se deben buscar soluciones eficaces que atiendan a quienes han sufrido la tortura, se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas, pero sobre todo que se erradique. Durante el foro se destacó que la tortura ha sido uno de los temas más señalados en los procedimientos contenciosos contra el Estado mexicano, ya que cinco de las nueve sentencias de fondo dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México se relacionan con violaciones por este tema. Se informó que el objetivo de este foro será facilitar un espacio de diálogo entre la academia, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, a fin de contar con insumos que permitan orientar el diseño y elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.
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