Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de 3 días de conflicto, manifestaciones, atentados contra la propiedad privada y hasta la presunta privación ilegal de la libertad de elementos policiales de la región, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de tala clandestina en el municipio e Uruapan. En la comunidad de San Andrés Coru siguen las manifestaciones de comuneros debido al arresto de al menos 4 implicados en daño ambiental. De acuerdo con el expediente, derivado de la denuncia interpuesta por el Departamento Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inspectores de dicha dependencia localizaron y observaron en el paraje denominado San Andrés Coru, en el Cerro El Agua, del municipio de Uruapan, la extinción de un bosque de encino y pino; además, localizaron en el lugar 81 troncones. El predio fue inspeccionado por peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes aportan al Ministerio Público Federal en La Piedad los dictámenes correspondientes, a fin de integrar la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables. Fue el pasado lunes cuando las autoridades estatales destacaron el arresto de 4 personas por su participación en la tala clandestina y en la afección de una zona natural. De inmediato la comunidad de Capacuaro inició las movilizaciones que se prolongaron hasta la tarde del miércoles. El reporte fue que la misma población de Capacuaro retuvo a los talamontes y los consignó con las autoridades por el ilícito, para que apenas horas después de ese mismo lunes, grupos de talamontes se manifestaran en la mencionada rúa para exigir la liberación de sus compañeros. Hasta el momento no se han visto avances en la distención de la manifestación, en tanto que los 4 presuntos delincuentes siguen cautivos. Exigen la liberación de los presuntos talamontes, a pesar de conocer las implicaciones del delito y de que se trata de zonas naturales protegidas en la misma región de Uruapan, uno de los municipios con mayor degradación ambiental de los últimos años. Respecto a la presunta retención de al menos cinco elementos policiales desde la tarde del martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán negaron que fueran elementos de su corporación los que fueran detenidos por los comuneros furiosos. En lo que va del año son los primeros casos de detenciones por afectaciones al medioambiente que se dan a conocer a la opinión pública. Uno de los señalamientos del mismo gobierno de Michoacán es que al no ser considerados como delitos graves, por lo general los delitos ambientales no ameritan prisión como medida cautelar con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Lo anterior ha tenido consecuencias. Prácticamente ningún civil ha sido puesto tras las rejas a pesar los problemas de degradación, cambio ilegal de uso de suelo, tala clandestina y otros delitos que se cometen todos los días en el estado de Michoacán. Uno de los posicionamientos es que se catalogue como delito grave el hecho de la tala clandestina, cambio ilegal de uso de suelo y toda actividad que genere algún impacto negativo en el medio ambiente del estado. Actualmente los delitos ambientales ameritan menos de 5 años de prisión, por lo que por lo general quienes infringen estas leyes, salen libres en cuestión de horas.
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