Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Extrabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), delegación Michoacán, demandan al gobierno federal pagar la liquidación correspondiente tras incorporarse al esquema de separación por renuncia voluntaria el pasado 30 de junio del presente año, puesto que a dos meses no han tenido respuesta al respecto. Así lo dio a conocer Guillermo Damián García, exempleado de la delegación de la Sader en Michoacán, durante una manifestación que sostuvieron este jueves en sus antiguas oficinas las 45 personas ‘llamadas’ por la Federación a renunciar recientemente. El entrevistado detalló que el pasado 30 de junio las autoridades de la dependencia gubernamental citaron a más de 60 trabajadores a una reunión, donde se les “invitó” a incorporarse al esquema de separación por renuncia voluntaria, con la promesa que se iban a pagar todas las prestaciones y la liquidación de ley que a cada empleado le corresponde. Al momento de firmar los documentos correspondientes se hizo un ajuste para únicamente despedir a 45 trabajadores, “y pesar de que se comprometieron a pagar el recurso que se establece en la ley como indemnización o compensación por los años de servicio dentro de la administración pública federal, no se nos ha liquidado”, apuntó el exservidor público. Agregó que más que “voluntario” fue “obligatorio”, porque de lo contrario, las personas que no firmaran la renuncia habían sido amenazadas por las autoridades federales de que no recibirían nada, pese a que va contrario a la normativa. Las personas despedidas u obligadas a renunciar somos 45, quienes estábamos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, por lo que en promedio somos extrabajadores con 10 años de antigüedad, aunque en algunos casos la trayectoria asciende a 30 años”, ahondó. Sin embargo, Damián García aclaró que la antigüedad reconocida que tienen los exempleados de la Sader es de 10, debido a que el Servicio Profesional de Carrera inició en 2008, y son los únicos que se están tomando en cuenta para tasar el monto de la liquidación que se le entregará a cada persona, es por ello, que existen personas con 20 o hasta 30 años en la función pública, pero cuya trayectoria que no se está tomando en cuenta y no se les liquidará debidamente. Guillermo Damián García comentó que los ex trabajadores fungían como responsables de programas en las diferentes áreas, así como en los centros de apoyo en los distritos de desarrollo rural. Además, en lo que va de 2019 la Sader no ha tenido una operación regular, pues mantiene las ventanillas cerradas y mediante estas se manejan todos los programas de concurrencia, por lo que administrarían todo de manera remota. Quedaron de hacer el pago de las indemnizaciones a más tardar el último día de julio, un mes después de la renuncia, pero al no liquidar nada, las autoridades prometieron que pagarían antes de concluir agosto, pero a casi quince días de septiembre, no hemos recibido ni un adelanto”, agregó. De acuerdo con el exservidorpúblico, entre los derechos a los que son acreedores es a 20 días de salario por cada año laborado, más las partes proporcionales de las prestaciones por ley, entre las que se destaca el aguinaldo. Finalmente, exigió al gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que liberen el recurso para pagar los correspondiente a la ley, a que den respuesta inmediata, puesto que han pasado dos meses y medio desde que fueron obligados a renunciar y no se ha pagado la liquidación, y agregó, que contrario a las declaraciones del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, “en las dependencias gubernamentales de carácter federal no se está despidiendo a la gente corrupta, porque fuimos obligados a renunciar, no estamos siendo despedidos por alguna irregularidad”. Recientemente diversas organizaciones campesinas, tanto en Michoacán como en la entidad, habían señalado que no estaban operando las ventanillas de la Sader, las delegaciones no tenían personal encargado y era imposible realizar trámites para bajar recursos o anotarse a diversos programas de apoyo, por lo que acusaban un desmantelamiento de las delegaciones estatales de dicha institución.
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