AP/La Voz de Michoacán San Antonio. Cortes instaladas en carpas en dos ciudades fronterizas de Texas comenzaron el lunes a procesar a miles de migrantes que son obligados por el gobierno federal a esperar en México en lo que sus solicitudes de asilo avanzan a través de los congestionados tribunales de inmigración. La corte en Laredo abrió con un juez que atendió casos a través de una videoconferencia. Los detractores del sistema han criticado el procedimiento debido a que es cerrado al público y dificulta a los abogados el acceso para brindar representación legal. Uno por uno, los migrantes ingresaron a la carpa y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México. El grupo incluía a una mujer hondureña que cargaba a su hija de 4 años de edad, a un salvadoreño que dijo que huía de amenazas de muerte y a otro hombre que dijo que se ocultaba mientras esperaba una oportunidad para ingresar a Estados Unidos. Los inmigrantes son parte de una política implementada por el gobierno del presidente Donald Trump llamada Protocolos de Protección a Migrantes, pero mejor conocida como el programa “Permanencia en México”. Los migrantes conversaron por video con un juez de San Antonio, a donde tenían que trasladarse los observadores que quisieran monitorear las audiencias. La jueza Yvonne González tenía 52 casos en su expediente. Del otro lado de la pantalla, 26 personas se presentaron al tribunal en Laredo. González podía verlos a través del monitor instalado en su juzgado. Después de unos 20 minutos, la jueza se alistaba a terminar la audiencia cuando uno de los hombres levantó la mano y pidió la palabra. Ella le dijo que continuara. “Bajo ninguna circunstancia estoy en posición de pedirle algo”, dijo en español, de acuerdo con declaraciones distribuidas por el traductor de la corte. “Pero quisiera pedirle. Mi familia está aquí conmigo y tenemos miedo de quedarnos en México”. González le dijo que atendería su caso más adelante. Entonces, una segunda persona también pidió la palabra y también expresó su temor. Eventualmente, ocho personas expusieron sus casos. Una mujer dijo que tenía que pagarle a alguien para que la llevara de regreso para su audiencia. Otra dijo que había sido secuestrada y robada. The Associated Press no identificó a los migrantes que hablaron por cuestiones de seguridad. González miró a los abogados del gobierno federal presentes en su juzgado y les preguntó sobre el papel de México en la situación. “¿Están ayudando con un lugar dónde quedarse?”. Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no sabía la respuesta. La jueza se reunió con los abogados del gobierno federal y después reanudó las audiencias. Le pidió a todos aquellos que tenían miedo de volver a México se pusieran al frente para que estuvieran más cerca de su pantalla, y luego les dijo que un guardia de seguridad los llevaría a otra sala en la carpa para que pudieran ser procesados por otra agencia y determinar si serían enviados de vuelta a México.
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