Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A pesar de las campañas de concientización y otras actividades para disminuir los factores de discriminación en la población con discapacidad, este fenómeno sigue latente tanto en la vida social como en los servicios que prestan las dependencias de gobierno; caso concreto, del sector educativo, que sigue siendo señalado como uno que apea o discrimina, aunque sea de forma involuntaria a sus educandos que tienen alguna discapacidad. En el marco del Día Nacional contra la Discriminación, el Coepred dio a conocer que al igual que en otros años, vuelve a ser el sistema educativo el recipiendario de las quejas ciudadanas por temas de discriminación. La incapacidad de las instituciones, tanto en infraestructura como personal capacitado para atender las necesidades de las personas con discapacidad, ha sido un factor que incide en esta cifra que prácticamente se repite cada año y que en este 2019 suma ya 50 denuncias ante dicho organismo. La falta de infraestructura en los planteles escolares, como rampas y baños para personas con sillas de ruedas, además de agresiones contra ciertos sectores poblacionales, son algunos de los ejemplos más tangibles. Las escuelas se vuelven entonces entornos de discriminación o poco incluyentes, y en donde el simple hecho de asistir a clases consiste ya en una travesía. En entrevista con medios de comunicación, Alberto Hernández Ramírez, presidente del Consejo Estatal para la Prevención de la Discriminación (Coepred) en la entidad, manifestó que a pesar de las actividades que se han realizado a lo largo y ancho de esta entidad, las condiciones siguen sin ser favorables para lo que, destacó, se ha mal llamado como minorías. No solamente la población discapacidad es víctima de discriminación, población diversa sexual, población indígena, mujeres, adultos mayores y sectores poblacionales vulnerables son víctimas prácticamente todos los días de conductas que violentan sus derechos humanos en diferente sentido. “Es el sector educativo en donde más se da la discriminación, según los datos que tenemos en las quejas recibidas en el Consejo. Tenemos unas 50 quejas en los últimos meses. Luego, efectivamente aducen las instituciones no tener condiciones de atención para la población y luego también las condiciones de atención cuando son aceptados no hay la capacitación adecuada para la educación inclusiva”, explicó. Lanzó un exhorto a las autoridades a cumplir con lo ordenado en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para garantizar eficaz atención y desarrollo integral de este sector, para lo cual están obligados a reservar como mínimo el dos por ciento de su presupuesto. En este mismo contexto, llamó a redoblar esfuerzos para seguir avanzando en la sensibilización, concientización y respeto a la dignidad humana, así como en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos en nuestro estado. El marco legal tiene un severo retraso que alcanza casi una década. Mientras a nivel nacional la legislación se ha modificado en diferentes contextos, así como que ha habido resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las personas con discapacidad y la discriminación, la última legislación local en la entidad data de 2009, por lo que los activistas urgieron a que se modifique esta condición. "Desde esta tribuna llamamos a los sujetos obligado a respetar el principio de progresividad en la asignación de los recursos presupuestales y financieros, pues en la práctica se ha disminuido la designación de los mismos. Siempre hay que ir mejorando, en este caso el marco legal, se ocupa mejorar la legislación, la legislación que tenemos es de 2009 y desde entonces han sucedido actualizaciones, reformas, importantes como es la reforma de 2011, 2013 con la ley de amparo hay una necesidad de actualizar, vamos rezagados una década”, denunció. Justo en lo que se refiere a la discriminación, las autoridades reconocieron que uno de los principales factores que generan la reincidencia y la poca demanda de la población, es que, en muchos casos, las personas desconocen de sus derechos y propiamente de las áreas que les pueden auxiliar. Y es que, ante estas situaciones, el Coepred y otros organismos de protección a los derechos humanos no pueden actuar de oficio y deben esperar a que las personas se involucren y pongan la denuncia correspondiente. Mientras tanto, muchos de los casos, las autoridades sólo los conocen por medio de las notas periodísticas Las cifras en cuanto a personas con discapacidad, en Michoacán no son pocas. Se estiman al menos 260 mil personas en esta condición, de las cuales, el 62.7 por ciento de los michoacanos presenta problemas para caminar o moverse; el 59.8 por ciento, de vista, aun con lentes; el 31.3 por ciento, para mover o usar sus brazos o manos; el 36.7 por ciento, de retraso en aprendizaje o memoria; el 29.5 por ciento, para escuchar, con todo y aparato auditivo; el 24.8 por ciento, cuidado personal, como el aseo personal; el 19.4 por ciento, de habla y comunicación, y el 24.5 por ciento, problemas emocionales y mentales.
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