Enrique de la Madrid Como señalé en mi columna anterior, asegurar la sostenibilidad del turismo en México se ha convertido en una prioridad del Estado y es una responsabilidad compartida de todos los actores, por lo que reclama un compromiso decidido y coordinado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las acciones encaminadas a lograr este objetivo deben garantizar el respeto al medio ambiente, la inclusión de las comunidades receptoras y la generación de oportunidades para todos. Esto, alineado con la definición de desarrollo sostenible de la ONU, entendido como la satisfacción de las necesidades de esta generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El reto es revertir la situación actual, ya que la privilegiada posición de México en cuanto a sus riquezas naturales contrasta con su rezago con relación a los estándares internacionales de conservación. El "Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico Mundial" revela que nuestro país ocupa la segunda posición en recursos naturales cuantificables, pero se ubica en el lugar 116 de 136 en la categoría de sostenibilidad del medio ambiente. La sobreexplotación de estos recursos está poniendo en riesgo el equilibrio ambiental, las ventajas comparativas de nuestro país en relación con otros destinos turísticos, y la preservación de riquezas de las que depende la sostenibilidad de diversas comunidades. Además, México es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático debido a que 15 por ciento de su territorio, 68 por ciento de su población y 71 por ciento del PIB están en riesgo por dicha causa. Sus efectos impactarán, particularmente, las zonas turísticas con vecindad a los litorales mexicanos. Como parte de la estrategia para revertir esta situación, el gobierno del presidente Peña Nieto firmó en 2016 los decretos de creación de cuatro nuevas áreas protegidas y cinco zonas de salvaguarda, un hecho sin precedentes por la extensión territorial, la cual triplica el área protegida existente hasta 2012. En el mismo sentido se han venido adoptando medidas de conservación ecológica y se han incorporado tecnologías para el uso eficiente de los recursos y la mitigación de los impactos negativos. Prueba de ello es la Ley de Transición Energética de 2015, que compromete la generación de un 35 por ciento de la energía eléctrica con energías limpias para 2024. Igualmente relevante es la legislación sobre la protección y preservación de los recursos naturales incluida en la Ley General de Turismo. En ésta, destaca el programa de Ordenamiento Turístico del territorio y el establecimiento de las Zonas de Desarrollo Turístico Sostenible, así como el Programa de Turismo Sustentable en México. Sin embargo, es claro que las bondades del marco jurídico y regulatorio no siempre corresponden con la aplicación efectiva del mismo. Por ejemplo, el manejo de residuos, así como el abastecimiento de agua y su tratamiento ha sido deficiente en algunas zonas turísticas costeras, lo que genera conflictos ambientales que vulneran las condiciones de las comunidades receptoras. Por ello, la transición a un modelo que coloque a la sostenibilidad como eje rector es fundamental. Esto será posible mediante una mayor generación de energías limpias; la incorporación de tecnología de punta en la administración y uso de los recursos hidráulicos; el manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos y un ordenamiento territorial que permita el desarrollo turístico, pero también de espacios públicos, vivienda y movilidad.
La Voz de Michoacán
