Preocupa en Michoacán futura desaparición del Seguro Popular

Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán

Morelia, Mich. Luego de que en las comisiones del Senado avanzó la reforma para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que llevaría a la desaparición del hoy conocido como Seguro Popular, comenzaron a surgir voces de preocupación a nivel estatal sobre si esta modificación pudiera dejar desprotegidos a pacientes de enfermedades de gastos catastróficos como el cáncer.

Fuera de grabación, dos fuentes dentro del actual sistema de salud en la entidad señalaron tener cierta incertidumbre ante esta nueva política pública federal, sobre todo en lo que respecta a pacientes que enfermedades que conllevaban grandes gastos y que eran subvencionados por el Seguro Popular o uno de sus programas, así como el abasto y distribución de medicamentos.

El mismo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha mostrado escepticismo en el tema, si bien dio su voto de confianza a la universalización de la salud, como propuso en una visita a la entidad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sea cual sea el escenario, la SSM anticipa tener fármaco e insumos suficientes al menos hasta el mes de marzo.

Arrecia la incertidumbre

Desde el pasado miércoles, cuando las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos aprobaron la minuta que contiene dicha reforma, se registró una manifestación en la Ciudad de México, en la que padres de niños con cáncer advertían que no contaban con garantías de que los cambios a la ley siguieran cubriendo los tratamientos de sus pequeños.

Ante medios nacionales, los manifestantes afirmaron que observaban diversas lagunas en la propuesta legislativa. Es importante señalar que el Sistema de Protección Social en Salud, también conocido como Seguro Popular, es el que incluye el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, es decir, el programa con el cual se da cobertura gratuita a los pacientes que sufren de una enfermedad que es prácticamente imposible de pagar por un ciudadano promedio, pues puede generar costos de cientos de miles de pesos al mes, como es el caso del cáncer.

Según los reportes, una vez que la propuesta fue aprobada en comisiones, los manifestantes fueron recibidos en una reunión de representantes de senadores y funcionarios de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en este marco, el asesor de un legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó que de la forma en que se encontraba redactado en dictamen no se garantizaba que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos fuera a mantener los mismos recursos con los que cuenta actualmente.

Posteriormente, el pleno del Senado postergó la posible aprobación de la reforma que eliminaría al Seguro Popular, de tal manera que algunos medios nacionales y expertos en el tema advierten que existe un plazo de cerca de una semana para que se lleve a cabo esta aprobación, sin que exista todavía una seguridad sobre el futuro funcionamiento del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Fuera de grabación, dos fuentes de sector salud de Michoacán reconocieron estar preocupados ante lo que parecen ser huecos o lagunas en la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, así como también mencionaron otros puntos criticables en comparación a la forma en que estaba constituido el Seguro Popular. No obstante que dijeron que realizarían algún pronunciamiento oficial posteriormente.

Ya causaba dudas políticas en salud

Anteriormente, autoridades estatales de Michoacán ya habían expresado el tener dudas ante algunas políticas federales en materia de salud, tales como el proyecto de “universalización” del sector, con el cual se pretende que las diferentes instancias, como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Instituto se Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud pudieran ofrecer sus servicios de manera general a toda la población, sin importar la afiliación de seguridad social con la que contarán.

El gobernador del estado incluso instruyó a su gabinete para que le entregara un informe sobre si resultaba viable o no sumarse a la universalización. A mediados de julio pasado, luego de una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario michoacano reveló que había accedido a una “carta compromiso” con el gobierno federal en esta materia, pero que no implicaba aceptar oficialmente la universalización.

“Yo tengo mis reservas en torno a que sea posible universalizar la gratuidad de los servicios de salud y darles medicamentos gratuitos a todos, eso lo mantengo. Pero para efectos del funcionamiento lo que yo firmé ayer fue una carta de voluntad, de intención, de 'órale y vamos a caminar juntos para mejorar los servicios de salud', y con ello inicia un proceso, ¿cuántos meses se lleva? No lo sé, no es un asunto inmediato, pero mientras eso está en marcha, que implica revisar trabajadores, digitalizar las nóminas, ver qué necesitamos de médicos y especialista, cuando se termine ese diagnóstico ya veremos qué es lo que procede”, explicó el gobernador en conferencia de prensa, luego de la visita oficial del presidente de la República.

No obstante que también reiteró que la postura estatal es que, para avanzar junto con las políticas federales, es necesario que se garantice que los cambios implicarán beneficios de atención al sector salud. “Algo muy importante para mí es cuidar la situación de los trabajadores que hoy están en los servicios estatales o en lo que se conoce como el Seguro Popular. Yo fui muy claro con el futuro director del Instituto (de Salud para el Bienestar), tuve la oportunidad de platicar alrededor de tres horas y luego una reunión posterior para ver detalles. El énfasis es que nosotros caminamos con la política pública de salud federal, porque queremos que esto mejore, que siempre y cuando haya certeza de que va a mejorar”, ahondó el gobernador.