El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El senador Martí Batres Guadarrama (Morena) propone que se incorpore a la Constitución, la extorsión como delito grave y que se persiga con prisión preventiva oficiosa, ya que se ha convertido en una de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad. La extorsión contra empresas ha aumentado 23%, señaló el legislador quien envía este miércoles un proyecto de adición al artículo 19 de la Constitución en el que figura el listado de delitos graves. Entre los delitos que se persiguen con prisión preventiva oficiosa figuran los de abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, entre un catálogo de ilícitos que casi llega a la veintena. Batres Guadarrama, en conferencia de prensa en el Senado, dijo que empresarios, comerciantes, organizaciones civiles, ciudadanos en general, así como alcaldes, particularmente de la Ciudad de México, piden el combate de la extorsión con medidas jurídicas que impidan la salida de la cárcel del presunto extorsionador. "La extorsión es uno de los delitos que más están afectando a la ciudadanía en todo el país", lamentó Batres Guadarrama. Reportó que "la modalidad más conocida del delito de extorsión es el llamado 'derecho de piso', pero también ocurren las llamadas telefónicas que se realizan sobre todo a adultos mayores y a madres de familia". Indicó que "de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión es el segundo mayor delito cometido en México". Agregó que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública se estima que en 2017, de 33.6 millones de delitos, 6.6 millones fueron delitos de extorsión. Esto indica una tasa de siete mil 790 extorsiones, por cada 100 mil habitantes, por lo cual esta práctica delictiva preocupa cada vez más a la población. Añadió que para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el delito de extorsión ocupa el quinto lugar, con más carpetas de investigación iniciadas (cinco mil 649), desde que se tienen cifras oficiales. De dichas investigaciones se desprende que casi seis mil personas formularon denuncias por casos de extorsión, pero existe una "cifra negra" muy numerosa de este delito, "que no se denuncia por temor, sobre todo en el caso de 'derecho de piso'". En los casos de extorsión telefónica, los casos muchas veces no se denuncian, "porque se consideran secundarias". Apuntó que las cámaras empresariales señalan reportes de incrementos del 23% en casos de extorsión de alto impacto, como también lo son el robo de vehículo, fraudes y secuestro. En este rango de incidencia está la extorsión, explicó Batres Guadarrama. Junto con reformas jurídicas, dijo Batres, también se deben dar pasos en la parte operativa del combate al delito. Incluso, dijo, que en oficinas del Senado, en diciembre se recibían llamadas de extorsión a secretarias de senadoras y senadores. Señaló que las llamadas de extorsión también salen desde los Reclusorios, en los que se llegan a utilizar los teléfonos públicos, y se pronunció porque se revise la capacidad tecnológica de inhibir señales de telefonía celular, a fin de impedir que desde los centros de reclusión se cometa este delito.
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