Mujeres indígenas: “las más violentadas entre las violentadas”

Lorena Cortés /La Voz de Michoacán

la violencia que enfrentan las mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas hasta convertirlas en “las más violentadas entre las violentadas”, aseguró la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), mediante un comunicado.

Esta amplia tipología de violencia ha sido particularmente poco documentada. Para contribuir a dimensionar este problema en Pátzcuaro, Michoacán, el gobierno del presidente Víctor Manuel Báez realizó en 2017 el Diagnóstico Integral de Violencia Contra las Mujeres por parte del gobierno municipal, el investigador Daniel Cunjama López profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la Asociación Civil Comunidad Segura . Su objetivo fue conocer las percepciones de mujeres indígenas sobre este tipo de violencia, sus características socioeconómicas y demográficas, así como las manifestaciones del fenómeno. Para ello se realizaron grupos focales y entrevistas individuales. Sus principales resultados se presentan a continuación:

• Seis de cada 10 mujeres participantes ha sufrido o sufre algún tipo de violencia.

• En las comunidades normalizan la violencia y la refuerzan a través de ciertos discursos como “de qué vas a vivir”, “tienes que cargar con tu cruz”, “los hombres no van a cambiar”, “hay que aguantar la violencia”, “no es bien visto que la mujer esté sola, y sin hijos. Tampoco que deje a su pareja”.

• Respecto a los tipos de violencia que enfrentan las mujeres indígenas de Pátzcuaro sobresale que 41.7 por ciento de las participantes reportaron la física; 30.6 por ciento, psicológica o emocional; 23 por ciento, violencia económica y 9.2 por ciento, laboral.

• Los principales agresores son parejas sentimentales y el lugar en donde ocurre la violencia con más frecuencia es en sus hogares.

• La mayoria de las participantes se encuentran en el rango de edad de 30 a 64 años de edad.
• La mayoría de ellas percibe algún ingreso, sin embargo existe un considerable 38 por ciento que no recibe remuneración alguna por su trabajo.

• El 68 por ciento tiene hijas e hijos y solo el la mitad tiene pareja o esposo.

• De acuerdo con el diagnóstico, las mujeres indígenas con más responsabilidad tienen en el gasto familiar se dedican a la pesca, a la prestación de servicios turísticos como empleadas en restaurantes, hoteles, así como a la venta de frutas y legumbres en mercados locales, artesanas etc.

• El abuso del alcohol en los hombres indígenas se reportó como recurrente y con impacto en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos.

• De las mujeres participantes, 76 por ciento no consideran justa la violencia que ejerce el hombre en contra de la mujer bajo ninguna razón, mientras que 12.7 por ciento lo justifica.

• Del 60 por ciento que han sufrido o vivido o sufren o viven violencia, solo uno por ciento solicitó o pidió ayuda.

Para erradicar las brechas de discriminación, desigualdades, y distintas formas de violencia que enfretan las mujeres indígenas el acceso a la justicia es fundamental. Sin embargo, hacer esto posible implica en primer lugar que las instancias correspondientes de gobierno estén más próximas a las comunidades. Los Centros Integrales de Justicia para las Mujeres –y las propias fiscalías especializadas– se encuentran en las capitales de los estados.

En el caso de Pátzcuaro el fiscal no recibe denuncias a mujeres violentadas, argumentando que no tienen psicólogo que las atienda por lo que les indican que deben de trasladarse a la capital del estado. Lo que las desanima y deja en estado de total vulnerabilidad a las víctimas de violencia. Una mujer víctima de violenca enfrenta no solo las implicaciones psicológicas y de redes de apoyo para poder dar el paso y denunciar a su agresor, enfrenta la revictimización en la fiscalias que van desde no recibir denuncias por violencia por que no tienen lesiones visibles hasta la clasificación erronea del delito clasificandolo como lesiones, lo que impide el acceso de las mujeres a la justicia.

Por ello muy pocas mujeres tienen el acceso a una fiscalía que las atienda y de seguimiento a sus casos con perspectiva de género e intercultural. Por lo que es fundamental construir indicadores que permitan la evaluación de las políticas o programas públicos en esta materia desde lo local.