El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. El 2019 no sólo puede ser considerado como el más violento por la cantidad de homicidios dolosos que hubo en el país, sino también porque, hasta el momento, fue el periodo en el que más mujeres sufrieron al menos siete delitos que atentan contra la vida, la libertad personal, el patrimonio y la sociedad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador hubo un ligero aumento de 2.5% en el número de mujeres víctimas de ilícitos respecto a 2018. En su publicación Información sobre violencia contra las mujeres, el SESNSP detalla que 2019 concluyó con 74 mil 632 víctimas de lesiones dolosas, extorsión, homicidio doloso, corrupción de menores, feminicidio, secuestro, trata de personas y tráfico de menores. Se trata de una cifra que ha ido en aumento los últimos cinco años: mientras en 2015 sólo se reportaron 62 mil 567 víctimas de la población femenina, en 2018 la cifra aumentó a 72 mil 747, pero ese dato fue superado en el primer año del presente sexenio. Especialistas en género consultadas para este trabajo urgen al gobierno mexicano a implementar una política integral y no medidas aisladas para atender las causas de estos ilícitos. De igual forma, consideran que la política de prevención de delitos de género está estancada, ya que sólo se ha enfocado en empoderar a las mujeres y hacerlas conscientes de sus derechos; sin embargo, no se trabaja en la educación de los hombres. Como en periodos anteriores, en 2019 las lesiones dolosas fueron las que más afectaron a las mujeres, con 65 mil 457 casos; las siguió la extorsión, con 3 mil 88; el homicidio doloso, con 2 mil 819; corrupción de menores, con mil 466; feminicidio, con mil 6; secuestro, con 410; trata de personas, con 374, y tráfico de menores, con 12 casos. Respecto a 2018, todos estos delitos registraron un aumento en 2019, a excepción del tráfico de menores, que pasó de 16 a 12 reportes. El año pasado quedó marcado por diversos incidentes que, una vez más, pusieron sobre la mesa la violencia que sufren las mujeres mexicanas. El caso de Abril Pérez Sagaón es un claro ejemplo de esto: ella es una presunta víctima de feminicidio y habría sido asesinada con la colaboración de su exesposo, Juan Carlos "N". El sospechoso se encontraba en prisión por agredir físicamente a Abril Pérez, pero obtuvo su liberación cuando un juez de la Ciudad de México reclasificó su delito, por lo que otro juzgador autorizó ponerlo en libertad. Otro caso documentado por EL UNIVERSAL fue el de Elena Ríos, una saxofonista de Oaxaca que fue atacada con ácido por parte de un exdiputado priista. Ríos tuvo que ser trasladada a la capital del país para que sus heridas fueran atendidas en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados; no obstante, su caso sigue impune, pues las autoridades no han castigado al responsable del crimen. Según expertas, estas historias y los datos del secretariado de seguridad han develado, año con año, el contexto de riesgo en el que se encuentra la población femenina en México, y consideran que el aumento en el número de víctimas se puede deber a que ellas no confían en denunciar más. Piden política de respeto Alicia Elena Pérez Duarte, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), insta al gobierno mexicano a implementar una política de respeto para inhibir la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la académica, "las mujeres ya estamos empoderadas y somos conscientes de que se deben respetar nuestros derechos humanos, pero lo que no se ha llevado a cabo hasta el momento es un trabajo con los hombres para que dejen de vulnerar a la población femenina. "Si seguimos con pequeñas políticas públicas, vamos a tener más espacios en los que las mujeres denuncien o sean atendidas; sin embargo, mientras no atendamos el problema de fondo, que es el respeto hacia las mujeres, no vamos a acabar con esta situación", afirma. Agrega que todas las dependencias en los tres niveles de gobierno deberían participar en esta política de respeto, especialmente las dedicadas a temas educativos y las que tienen alguna incidencia en los menores de edad, como los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). "La inmensa mayoría de los programas atienden a las mujeres y nosotras ya estamos convencidas de que así no, esto es un ‘Ya basta’, pero el problema es que los hombres no lo entienden", lamenta Pérez Duarte. Considera que aunque el SESNSP mide distintos delitos que parecerían no tener conexión —el feminicidio y la extorsión, por ejemplo—, sí hay un hilo que los une, y por tal motivo podrían ser atendidos con una misma política en la que todas las instituciones concentren su energía. "El secuestro y el robo de menores están profundamente vinculados con la trata de personas, y por lo tanto con la prostitución. ¿Las extorsiones por qué se dan?, porque hay quien tiene un control sobre una serie de situaciones en su entorno. Todo esto puede combatirse a través de una cultura de respeto a la otra persona, a las leyes y a nuestra comunidad". En cuanto a las lesiones dolosas, el delito más cometido contra las mujeres en 2019, la experta repitió el mismo dato que tienen organizaciones sociales que trabajan con víctimas: 70% de las agresiones se cometen en los círculos cercanos. El 25 de noviembre pasado, esta casa editorial informó que, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), la Secretaría de Gobernación ha detectado a 406 mil agresores entre 2007 y 2019, y 92% de ellos ejerció violencia en el ámbito familiar. Los ataques en este círculo cercano superan por mucho al segundo espacio donde se agrede más a las mujeres, el comunitario: el Banavim tiene registrados 20 mil 269 incidentes de este tipo.
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