Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Siguen creciendo observaciones y pliegos preventivos contra funcionarios michoacanos. En lo que va de la administración de Silvano Aureoles Conejo, son al menos 120 funcionarios, todavía en cargos, que han sido observados por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem). Todos ellos, en espera de ser clarificados o, en su defecto, de ser inhabilitados en caso de que no respondan a las aclaraciones pertinentes. Francisco Huergo Maurin, titular de la Secoem, refirió que son más de 250 pliegos preventivos los que se han emitido en los últimos cuatro años a los funcionarios estatales. En muchos casos no es un solo pliego por cada funcionario, sino que, advirtió, hay quienes tienen acumulados hasta cuatro señalamientos esperando a ser aclarados. Del 2011 al 2015, es una situación muy similar. Previo a la administración silvanista son 115 exfuncionarios ya inhabilitados por no cumplir con sus obligaciones. Sin especificar montos, se advierte que ya hay procesos resarcitorios en torno al manejo y destino de los recursos públicos de los michoacanos. En las revisiones de cada una los pliegos preventivos y en las carpetas de observaciones, también han participado los especialistas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para poder detectar cualquier tipo de irregularidad. Por “respeto a sus nombres y sus familias” Huergo Maurín evitó dar nombres de los aún funcionarios estatales implicados en irregularidades u observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría, en tanto que, aseguró, que una vez concluya el proceso de revisión de la información y de cada uno de los casos se iniciarán los procesos de resarcimiento. “Hay funcionarios que pueden tener dos, tres o cuatro faltas administrativas por incumplimiento de falta de comprobación, porque no está un documento de ejecución o no se precisan datos de inversión y se tienen que comprobar, ya fueron notificados y deberán presentar su documentación”, explicó el funcionario estatal. Piden cuentas claras Será a partir del segundo semestre de este año en que se inicie un proceso de entrega-recepción por ser un año preelectoral, en donde se podrán observar con mayor claridad cualquier tipo de irregularidad en cuanto a las obras y ejecución de recursos públicos que presenten algún grado de observación. En 2019 trascendió que con los procesos de inhabilitación y de resarcimiento de recursos de origen público, son poco menos de 700 millones de pesos lo que se buscaría recuperar, porque más allá de las inhabilitaciones está la exigencia de que exfuncionarios estatales “regresen lo que se llevaron” durante sus gestiones en gobiernos pasados. La corrupción se ha enfrentado también con acciones concretas en finanzas, como la reducción del sueldo de funcionarios y el adelgazamiento del aparato burocrático, así como con acciones legales; al día de hoy se tiene en proceso de resarcimiento al erario 682 millones de pesos y la inhabilitación de 48 exservidores públicos. Movimiento irregular de los recursos, lo problemático La famosa “licuadora financiera” es una de las prácticas más recurrentes a las que se les atribuye a los imputados. Los casos integrados y resueltos hasta el momento provienen de las administraciones estatales que van desde el 2009 hasta el año 2015. En voz de Francisco Huergo, los principales casos tienen que ver con la movilidad de recursos en cuentas bancarias y la nula trazabilidad de los procesos de movimiento financiero. El mover recurso público entre cuentas de forma irregular es una de las principales observaciones que han detectado en la contraloría local, por lo que, a decir de la autoridad estatal, lo anterior constituye un grave delito que puede ameritar otro tipo de sanciones, además de la inhabilitación por varios años para ocupar puestos públicos. Las carpetas en revisión tampoco son pocas. Por medio de la Contraloría del Estado de Michoacán, la Auditoría estatal, la Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública revisan al menos mil 700 expedientes de administraciones pasadas y de la actual, las cuales, podrían derivar en más inhabilitaciones o responsabilidades legales, señalan.
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