El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. Un juez federal levantó la prohibición que tenía la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar la carpeta de investigación que inició contra el empresario, Manuel Barreiro Castañeda, señalado como cerebro financiero de la triangulación de recursos en beneficio del candidato presidencial, Ricardo Anaya. El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal dictó sentencia interlocutoria en el amparo número 121/2018 promovido por el empresario queretano y otras cuatro personas en la que negó la suspensión definitiva contra la consignación de la carpeta de investigación que inició por lavado de dinero. En consecuencia, la PGR ya no tiene impedimento para consignar y, en su caso, solicitar orden de aprehensión contra Barreiro o cualquiera de los quejosos. Los otros quejosos son Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology; la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera; Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García. Ayer martes, un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión provisional concedida de inicio por el juez de amparo, por lo que en su sentencia, el juzgador ordenó notificar a los magistrados. Los quejosos acusaron que desde el 14 de febrero presentaron escritos para solicitar a la PGR información sobre el estatus de la carpeta de investigación sin obtener respuesta. El juez concedió la suspensión provisional al considerar que, de lo contrario, podría causarse un perjuicio mayor tanto a Barreiro Castañeda como a los otros quejosos. La PGR emitió un citatorio para que el empresario declare y solicitó al Instituto Nacional de Migración activar una alerta migratoria para mantener vigilados sus movimientos en caso de que intente abandonar el país, informó la dependencia. El abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor denunció que Barreiro Castañeda encabeza una compleja red de lavado de dinero en el que supuestamente utilizó a sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas, para triangular dinero por distintos países y paraísos fiscales para adquirir una nave industrial de la empresa Junisierra S. de R. L de C. V., propiedad de Ricardo Anaya.
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