Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por el alto riesgo de contagio que representa el hacinamiento de personas privadas de la libertad y el antecedente de malas condiciones en los servicios médicos y atención sanitaria del estado de Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) evaluará si hay sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado. Durante inspecciones realizadas esta semana por parte del encargado de despacho de la CEDH, Uble Mejía, y el visitador de Morelia en las cárceles estatales, volvieron a salir a flote debilidades en las prisiones. La CEDH determinó las deficiencias en la infraestructura, de atención médica, la falta de medicamentos y en algunos casos de la densidad poblacional y de hacinamiento en que conviven los internos, y que los coloca como población mayormente susceptible de contagio y propagación de enfermedades, como el caso del virus COVID-19. El Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto fue verificado en las medidas sanitarias implementadas ante el virus COVID-19, acción que se replicará en los 11 centros penitenciarios a través de las visitadurías regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. En el Cereso de alta seguridad, el director Pablo Becerra Reyes indicó que desde que comenzó la contingencia sanitaria se determinó restringir las visitas de familiares y la conyugal como medida de prevención, a la vez que se tiene un filtro sanitario a la entrada para el control del personal que entra y sale del inmueble. La restricción de las visitas familiares fue decretada desde hace ya más de un mes en centros estatales y federales del estado y a nivel nacional. Lo anterior ha traído quejas por parte de los internos y hasta conatos de manifestación al interior de la prisión que se encuentra ubicada al oriente de la capital michoacana. En las últimas dos semanas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reportado 27 casos de COVID-19 en distintas prisiones del país. En ellas se destaca que al igual que en Michoacán, la falta de servicios básicos, el hacinamiento y otros factores colocan a las previsiones como lugares de riesgo para todos los internos. Son centros penitenciarios de Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Estado de México los señalados por la CNDH por ser portadores del COVID, a los que se suman otros 23 casos sospechosos que también son analizados. Si bien en Michoacán no se han registrado casos en los 11 centros penitenciarios que albergan 5 mil 200 internos, preocupan las condiciones de posible hacinamiento en las que se encuentran los internos. “Prisiones cada año están peor” Según el último estudio de la CEDH en los centros penitenciaros de Michoacán, las condiciones siguen empeorando año con año. Con un 7.14 en promedio en los 11 centros de Reinserción Social, las condiciones siguen empeorando en todos los rubros respecto a los análisis realizados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en otros años. La disminución de presupuestos y muchos otros factores siguen incidiendo para que las condiciones sigan empeorando y para que la tasa de reinserción social siga a la baja en prácticamente todo el estado. El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de Michoacán dado a conocer por la CEDH esta misma semana presentó un descenso en su apreciación global. El estudio del año 2017 reflejó puntuación de 8.40 mientras que en 2016 reflejó un 8.06, lo que implica que, en menos de cuatro años, los centros han perdido un 1.40 de promedio. La situación ha llegado al grado de que autoridades estatales han calificado a las cárceles estatales y federales como auténticas “universidades del crimen”, desde donde se planean, ejecutan y desarrollan diferentes actividades delincuenciales. Los datos de años pasados refieren incluso las fallas en la materia, de generar condiciones, talleres, desarrollo académico y otras actividades. Actualmente, el sistema de readaptación social logra apenas una décima parte de su objetivo, ya que sólo el 10% de los internos logra egresar el penal estatal y reintegrarse a la sociedad.
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