Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hace más de tres años que el Centro de Readaptación Social de Morelia (Cereso) “Francisco J. Múgica” cerró sus puertas de manera definitiva, un sitio que era recordado por estudios académicos por ubicarse a solo unos minutos del centro de la ciudad, mientras que medios de comunicación nacionales lo describían como escenario de fugas, enfrentamientos y motines. Fue el penal más antiguo de la ciudad, llegando a cumplir casi 60 años. Video: Christian Hernández. De acuerdo con datos proporcionados por autoridades en el recorrido tras el cierre del Cereso, éste fue inaugurado en el año de 1958 albergando aproximadamente a 800 personas privadas de la libertad y, con el paso de los años, en la década de los noventas sufrió su mayor crisis al alcanzar la cifra de 2 mil 200 internos, mientras que al final de sus días eran poco más de 330 internos los que ocupaban dicho inmuebles. En el libro “Las mujeres olvidadas: un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la República Mexicana”, publicado en 1996 por el Colegio de México con la autoría de Elena Azaola Garrido y Cristina José Yacamán, se destaca la ubicación del Cereso “Francisco J. Múgica” dentro de la mancha urbana de la capital michoacana, así como también se describe ya una situación de descuido en las instalaciones y los servicios. El Cereso de Morelia se encuentra apenas a unos minutos del centro, sobre una ancha avenida que conduce a las afueras de las ciudad. El acceso al edifico produce mala impresión, ya que el lugar es sucio y descuidado (…) La entrada del establecimiento no produce una mejor imagen. Hay que atravesar un pasillo lleno de basura y objetos arrumbados y oxidados para llegar al área donde se encuentran las mujeres”, se lee en el documento, ubicado a finales del siglo pasado cuando todavía se contaba con una sección para 76 mujeres privadas de la libertad. El mismo libreo hace referencia a que antes de la visita al Cereso “Apenas había concluido el último de una serie de motines que ocasionó el cambio de la directiva institucional”, sin embargo, todavía existían un grupo de reclusas llamadas “jefas galeras” que “forzaban a algunas mujeres a ejercer prostitución” y funcionaban como enlaces de las reclusas con la autoridad pero “algunas internas explicaron que ellas no las nombraron ni mantienen en el cargo, si no la dirección del penal”. N las conclusiones, se hace referencia “Al problema de la violencia que existe entre las internas del penal de Morelia, y que no encontramos prácticamente en ningún otro lugar que estudiamos”. Con antecedentes como éstos, a inicios de abril del 2017, se llevó a cabo el traslado de las personas privadas de la libertad que todavía se encontraban en dicho penal. Eran poco más de 330 hombres, que fueron canalizados al Cereso “David Franco Rodríguez”, también conocido como “Mil Cumbres”. El operativo se llevó a cabo de manera casi sorpresiva para evitar que la información se difundiera hacia el exterior. Al darse a conocer el traslado, diversos medios de comunicación locales y nacionales recordaron al penal como un escenario de fugas, enfrentamientos, motines y cobros de cuotas a los internos; a lo anterior también se suman los casos de prostitución, violencia y distribución de drogas referidas en el libro “Las mujeres olvidadas: un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la República Mexicana”. Adicionalmente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ya había recomendado el cierre de este Cereso, que se había ubicado en los últimos puestos de las evaluaciones realizadas a los penales del estado. El informe del año 2016, se advertían elementos como falta de mantenimiento, mala distribución de los internos y riesgo al permitir que las personas privadas de la libertad se encargaran de funciones de la autoridad. Si el Cereso no hubiera sido cerrado, contaría cerca de 62 años actualmente. Sin embargo, hace tres años que se encuentra en desuso. El primer proyecto anunciado, fue convertirlo en una clínica y de prevención de adicciones y, más recientemente, se propuso desde el Congreso del Estado en donarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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