Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La reforma de pensiones es indispensable y un avance importante, pero resulta insuficiente, señala el Observatorio de Trabajo Digno en México, pues excluye a millones de trabajadores que carecen de seguridad social. Sólo en el caso de Michoacán, la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas beneficiaría a la tercera parte de la población ocupada. Además, según el organismo, para la mayoría de las personas jóvenes y también para las mujeres, un trabajo con flexibilidad de horario o que permite trabajar al menos unas horas desde casa es mucho más valorado. Las prestaciones de ley, la seguridad social o el ahorro para el retiro. El reto es que la dualidad formal-informal, que excluye a la mayoría de trabajadores michoacanos, se vuelva mucho menor, pues no se va a resolver esta problemática sólo con una reforma al sistema de pensiones, opina Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. El especialista refiere que ese a estar trabajando, mucha gente carece de seguridad social y, por tanto, “no cotiza en las Afores ni tendrá derecho a jubilación en este nuevo sistema de pensiones”. Tal como ya refirió esta casa editorial, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 2 millones de personas que laboran en la entidad no más de 600 mil tendrían derecho al ahorro por el retiro. “El problema no es menor”, comenta Rogelio Gómez, quien destaca que tampoco es un tema propio de la coyuntura por la pandemia de coronavirus, pues aún antes de la contingencia sanitaria, entre el 60 y 66 por ciento de la población económicamente activa del país carecía de afiliación a la seguridad social que avalase el tema de la Afore. “Tenemos un sistema laboral excluyente que produce pobreza y desigualdad donde la marca distintiva es la carencia de seguridad social”, indica Frente a la Pobreza. Por ello, si bien la iniciativa del presidente López Obrador no deja de ser positivamente importante, no abono a resolver todavía de fondo la raíz de la problemática. Además, la informalidad laboral produce otro tipo de problemas igual o más graves, como lo ha mostrado el COVID-19, pues el acceso a servicios de salud ha demostrado depender, pese a todo, de la formalidad del trabajo. Destaca también que el incremento de la carga de aportaciones por el sector patronal también puede complicar la generación de nuevos empleos, sobre todo en el contexto de recuperación económica que se plantea tras los meses álgidos de la pandemia. Una solución de fondo, dice Frente a la Pobreza, sería romper el cordón umbilical entre salud y trabajo, como un primer paso para construir el primer pilar de un sistema universal de protección social. “Esta emergencia sanitaria es buen momento para asumir cabalmente que la salud es un derecho humano, y que por tanto no puede seguir amarrada al contrato laboral como si fuera una prestación, urge romper esa cadena y crear un sistema de salud universal, sin segregación”, concluye Gómez Hermosillo.
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