Redacción / La Voz de Michoacán Nueva York, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos solicitó a Adriana Fajardo, fiscal general del Distrito Sur de Florida, “certificar la extradición del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte”, al considerar que la investigación presentada por el fiscal general de ese estado, César Peniche, reúne "evidencia suficiente que establece una causa probable” de los delitos por los que se le acusa al exgobernador. Los delitos por los que México solicita la extradición son malversación y conspiración para cometer malversación, los cuales “están cubiertos por el tratado”, además de que existe “causa probable para creer que Duarte los cometió”. La petición señala que hubo 11 transacciones indebidas, la más grande “involucró transferencias por un total de 36 millones de pesos del fondo de emergencia de Chihuahua a Unión Ganadera, supuestamente para pagar a los ganaderos, pero que funcionarios involucrados en ese esquema fraudulento “admitieron posteriormente que entendían que el acuerdo era ilegal e irregular", ya que, de los beneficiarios enumerados, "45 estaban muertos" y otros seis declararon no haber firmado nunca ningún documento. Un análisis forense revela que 7.2 millones se destinaron a comprar un rancho para Duarte, 3.4 millones se usaron para la compra privada de toros Angus, 250 mil para una empresa de construcción propiedad de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de Duarte, y 6 millones que terminaron en una cuenta fiduciaria establecida por ambos; información que se anexa a la solicitud ingresada hoy a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró a la Corte que lleva el caso de Duarte, que tiene jurisdicción plena sobre el acusado por haberlo arrestado en sus límites, por lo que existe la autorización para llevar este proceso. Luego de tres años de ser declarado prófugo de la justicia mexicana, el exgobernador Duarte fue detenido el 8 de julio en Miami con fines de extradición. El exgobernador comenzó a ser investigado desde 2016 pero fue hasta octubre de 2019 cuando una jueza en Chihuahua emitió una orden de captura por malversación y conspiración agravada. El 27 de diciembre del 2019 México presentó formalmente la solicitud para extraditarlo y el 24 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos presentó una denuncia solicitando una orden de arresto de Duarte. Actualmente el exgobernador se encuentra bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en espera de que se resuelva este procedimiento. Cesar Duarte aún puede oponerse a la solicitud que busca extraditarlo aunque deberá de presentar evidencia que explique o borre “completamente la causa probable” ya que esa es la única forma admisible en una audiencia de este tipo por lo que no podrá presentar evidencia que simplemente contradiga las pruebas presentadas. Los fiscales señalan que “la solicitud de México cumple con los requisitos para la certificación” pues un funcionario judicial “está autorizado para llevar a cabo el proceso” además de que el tratado de extradición aplicable “está en pleno vigor y efecto” ya que cubre los presuntos crímenes y otorga existe evidencia suficiente.
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