Otilia Medellín / La Voz de Michoacán Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos que costaron la vida de un integrante de un afamado grupo musical de este municipio la noche del pasado 7 de octubre motivaron que el gremio artístico de este municipio convocara a la sociedad en general a ser parte de una marcha pacífica en la que se exigió justicia y más seguridad; espacio en el que además se demandó que no se pida dinero para investigar un crimen o algún delito. Al respecto y en entrevista telefónica, Mario Alberto García Herrera, fiscal Regional de Lázaro Cárdenas de la Fiscalía General del Estado (FGE), respondió y detalló los avances del caso en que perdió la vida Enrique S., así como las herramientas que tiene al alcance el ciudadano para denunciar la petición de alguna remuneración por parte de un servidor público de este organismo autónomo. Fue la tarde noche del pasado lunes cuando los manifestantes recorrieron varias calles de la ciudad y llegaron a la sede de la Fiscalía Regional, y ahí, uno de los oradores comentó: “Aquí dice ‘Fiscalía Regional Lázaro Cárdenas’; este lugar tal vez muchas familias ni siquiera saben que existe en Lázaro Cárdenas y mucho menos conocen qué diablos se lleva a efecto en este edificio, porque tal vez no ha ocurrido la necesidad de venir a tocar la puerta aquí y ojalá no ocurra, que no haya la necesidad, ni el sufrimiento ni el llanto de venir a pedir la ayuda”. En la entrevista telefónica que concedió García Herrera, comentó sobre esto que en el artículo 21 constitucional está el sustento normativo de la institución a la que pertenece comentando: “Lo que corresponde como Fiscalía Regional y General es la investigación y persecución de los delitos acotando que para poder nosotros un hecho constitutivo de delito necesitamos que esa noticia criminal se haga del conocimiento del Ministerio Público para poder iniciar con la investigación”. En ese contexto de los hechos del 7 de octubre, se informó que por el trabajo que compete a la Fiscalía y en un trabajo de inteligencia se pudo identificar a tres personas responsables que se pusieron ante la autoridad jurisdiccional mediante una orden de aprehensión y los mismos fueron vinculados a proceso y se fijó el plazo de 2 meses para el cierre de la investigación. Durante la presencia de los manifestantes frente a la Fiscalía en voz de Enrique Sánchez, padre del joven que perdió la vida, se alzó la voz para exigir a la fiscalía que haga su trabajo: “La sociedad lazarocardenense está harta de tanta injusticia y demanda paz social, además con los atracos que existen ya sea un robo de carro o cualquier otra situación aquí la Fiscalía, en vez de hacer su trabajo, piden dinero para poder llevar a cabo ese trabajo que les pide, se les exige, que les corresponde por derecho y para eso les pagan y para eso les pagamos con nuestros impuestos, no es posible que esto es un mercado en donde roban a veces las pertenencias de uno en carro y para que puedan darle seguimiento necesitan cobrar un peso a toda aquella persona que sufra aquel defecto por esa razón les estamos pidiendo que ya basta”. Ante ello y al consultarle si de verdad cuesta el ejercer la procuración de justicia al ciudadano, el fiscal regional hizo una connotación refiriéndose a diferentes ordenamientos describiendo que cómo servidores públicos están sujetos a una serie de facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, y la cual aplica a todo servidor público independientemente al poder que represente o, a un organismo autónomo, como es el caso de la fiscalía. Detallando que dicho ordenamiento establece sanciones administrativas por incurrir en alguna falta como servidor público y las cuales pueden ser graves y no graves, se describió que entre las graves se tiene como delito el que el servidor público exija, acepte o pretenda tener, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración. Por tanto, señalando que todos los servicios que ofrece la Fiscalía no tienen ningún costo, se puntualizó que si un servidor público pide una remuneración, el ciudadano puede recurrir a la Contraloría de la Fiscalía General, que se encarga de iniciar las investigaciones administrativas y de fincar la sanción que corresponda en caso de encontrar responsable a un servidor público.
La Voz de Michoacán
