Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas clausuró la mina Las Truchas, con el argumento de que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, Arcelor Mittal acusó que se trata de una manera de presión para aceptar un incremento injustificado del pago del impuesto predial. La mina es el primer eslabón de la cadena de producción de la empresa, pues de ahí extrae la materia prima para la producción de acero. ArcelorMittal aseguró que la clausura de este yacimiento es injustificado e ilegal, pues el verdadero propósito del gobierno municipal es “crear atención mediática”. De acuerdo con un medio local, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, María Itzé Camacho, acusó a la empresa de no cumplir con reglamentos y querer que les devuelvan 2 millones de pesos de impuestos. Indicó que se mantenían mesas de diálogo con la acerera, pero el Ayuntamiento se retiró de la negociación en la que habían ofrecido una tregua. Indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió el permiso general de explosivos para la compra, uso y almacenamiento que previamente le había otorgado a la empresa, lo cual motivó la decisión de clausurar la mina. “La empresa no cumplió con los requisitos mínimos de seguridad en perjuicio de la ciudadanía; es un trámite gratuito que se les brinda, pero no lo hicieron. La Sedena nos informó que no tienen permiso para uso de explosivos y uso de armas de fuego”, dijo la presidenta municipal. Sin embargo, ArcelorMittal aseguró que, hasta el jueves 29 de octubre del presente año, se contaba con el permiso general para uso de explosivos, pero acusó al ayuntamiento de interferir para que se los quitaran. “El gobierno municipal, contando con la facultad de hacerlo, solicitó a Sedena no revalidar el permiso general para uso de explosivos correspondiente al año 2021 y la suspensión del permiso actual, por supuestamente no contar con una conformidad firmada por la administración municipal actual, conformidad que, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y su reglamento, no es exigible anualmente y fue convenientemente exigida recientemente”, expuso la acerera en un comunicado. La empresa destacó que, para cumplir con este nuevo requisito, solicitó al gobierno municipal local proporcionar dichas conformidades, sin que a la fecha exista una respuesta. “Reiteramos que las políticas de ArcelorMittal México están encaminadas al cumplimiento de las leyes y normas aplicables, por lo que calificamos este acto de clausura como un abuso de autoridad en perjuicio de la compañía, de sus empleados y de la ley, y una represalia de los intentos fallidos por parte del ayuntamiento de incrementar en más de 70 por ciento el pago del impuesto predial y de pretender cobrar de forma retroactiva 132 millones de pesos por los últimos cinco ejercicios catastrales. Este supuesto adeudo, es lo que ha venido obstaculizando la obtención de licencias y trámites emitidos por el mismo ayuntamiento”, dijo la compañía en un posicionamiento que hizo público. La presidenta municipal calificó como una mentira tal aseveración de la empresa, por lo cual el Ayuntamiento abandonó la mesa de negociación. Dijo que el gobierno municipal podría condonar el adeudo del predial. “En eso quedamos con la Segob, igual se le podría condonar, pero estamos viendo ese acto de buena fe”.
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