Jorge Ávila, Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Un grupo de agricultores de Lagunillas y de municipios de la Meseta Purépecha, así como investigadores y activistas defensores del medioambiente, piden a las autoridades, en especial al Congreso del Estado, que en la entidad se tipifique como delito ambiental el uso de cañones antigranizo y demás tecnologías que se usan con el afán de incidir en la caída de lluvias o granizo. La mañana de este lunes, en un céntrico café de la capital del estado, el colectivo sostuvo una rueda de prensa en la que urgieron a las autoridades a que se dé curso a una iniciativa ciudadana presentada ante la Cámara local y se tome con importancia la preservación de ecosistemas que, por los monocultivos como el aguacate y las berries, se han visto devastados en los últimos años. Uno de los productores afectados por esta práctica, Josué Gutiérrez, fue enfático al señalar que el uso de cañones antigranizo ha sido la causa de grandes afectaciones para los agricultores que dependen del ciclo agrícola para el buen desarrollo de los cultivos, y por ello calificó la inacción de las autoridades como una actitud de “indiferencia, falta de respeto y burla”. Por ello, afirmó, “nos mantenemos en resistencia por la defensa de nuestro territorio, agua, medioambiente y una vida digna para todos”. Además destacó que estas prácticas no sólo dañan el ecosistema mediante la deforestación, sino que ocasionan la desecación de mantos freáticos, lo que, además de sumir más en la miseria a las comunidades que trabajan los cultivos de temporal, también abonan al calentamiento global. Cabe señalar que el pasado 18 de noviembre, el grupo de activistas y productores presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado a fin de que se modifique el marco legal en la mataría con el objetivo de que el uso de estas tecnologías sea catalogado como un delito. Por su parte, Raymundo Ortiz, representante legal del grupo, comentó que “esta iniciativa surge como resultado de una serie de estudios jurídicos sobre el estado en que se encuentran estas tecnologías en la ley, y nos damos cuenta de que existe una condición jurídica bastante llena de lagunas, donde prácticamente la autoridad queda investida con una atribución discrecional y eso ha ocasionado que los gobiernos federal, estatal y municipales no hayan hecho nada”. Ante ello, Josué Gutiérrez pidió que a esta acción se sume la ciudadanía, sobre todo los productores afectados de comunidades enclavadas en los municipios de Huiramba, Lagunillas, Tzintzuntzan, Acuitzio y más demarcaciones afectadas. Foto, Víctor Ramírez. OPERATIVOS DE SEMACCDET En agosto de este año, especialistas, en conjunto con autoridades estatales y comuneros, revelaron los primeros estudios y posicionamientos de científicos que afirman que el uso del acetileno y la tecnología de los cañones sí repercute en el ciclo del agua y, por ende, en las lluvias en las zonas donde son utilizados. En ese entonces se llevó a cabo la primera reunión en donde el especialista de la Universidad de Guadalajara, Ricardo García de Alba García, experto en geofísica, se inclinó a que sí existe un daño al ciclo hidrológico por el uso de los cañones antigranizo y ofreció argumentos que respaldan esta posición. Por su parte, Jaime Chávez, asesor jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) del estado, destacó que si bien el camino es largo en cuanto a la discusión sobre el uso de los cañones, comienzan a configurarse las primeras opiniones de especialistas que serían entregadas a los legisladores para la inclusión de un dictamen, sin que hasta la fecha se sepa qué seguimiento se le dio. En este caso, aclaró que en temas ambientales existen mecanismos que les permiten interrumpir el uso de dispositivos que se presuma amenacen a los ecosistemas, y posteriormente consolidar estudios que acrediten el daño. Hasta agosto de 2020 se habían llevado a cabo 8 actuaciones contra cañones antigranizo, si bien en algunos casos los dispositivos contaban con documentación y permisos otorgados por administraciones estatales pasadas, el trabajo para la identificación de los dispositivos sigue siendo el mayor problema para la Mesa de Seguridad Ambiental del estado. “Fue una opinión de un investigador, tenemos que ser cautelosos y uno de los compromisos es allegarnos de opiniones de conocedores del tema para que el gobernador, secretarios y diputados tomen las decisiones mejor informadas. Entre otras cosas, nos dicen algo que ya sabemos un poco, que hay una falta de certeza científica de que el cañón antigranizo sirva para interrumpir el granizo, de que lo destruya, y lo que exponía el doctor en su investigación es que habrá que valorarlas si es que sí puede interrumpir el ciclo del agua, algo que nos compartió de manera concreta”, destacó el asesor jurídico de la Semaccdet. En cuanto a carpetas por delitos ambientales, en los primeros 8 meses de este año sumaban 70 expedientes integrados por parte de la Mesa de Seguridad Ambiental y la Fiscalía de Delitos Ambientales en Michoacán. “En 2019 hicimos más de 80 operativos y en cañones hemos hecho 8 operativos hasta ahorita, recordemos que la complejidad de acceder a los lugares en donde se encuentran es lo algo que nosotros, como autoridad, tenemos que superar en cada operativo porque están en zonas complicadas de acceder y rastrearlas físicamente es una tarea que se realiza prácticamente a pie”, explicó el especialista.
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