Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Buenavista es ese rincón de Michoacán colindante con el estado de Jalisco, en donde sigue activa la guerra entre grupos criminales. Ahí se erigió durante el gobierno de Felipe Calderón un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, a donde han sido llevados más de mil reos clasificados de alta peligrosidad. Exjefes de cárteles, sicarios, entre otros más conviven, aunque la falta de servicios básicos y posibles actos de tortura serían parte de la “condena” que también tengan que enfrentar. En junio del 2017 comenzó operaciones, aunque la obra fue concluida meses atrás. El imponente edificio construido en los límites con Tazumbos, Jalisco, perdido entre la nada, en donde nacieron los grupos de autodefensa de Michoacán. Al paso de los meses, a ese lugar han sido enviados internos del calibre de Miguel Ángel Treviño, “el Z40”, y otras decenas de personajes, en su mayoría, procesados por delitos como narcotráfico, secuestro, violación a la ley federal de armas fuego y explosivos. No obstante, la falta de servicios como agua potable y posibles actos de tortura, mantienen bajo lupa a la administración del Cefereso debido a que de manera paulatina crecen las pugnas. Desde adentro, se ha lanzado advertencias de amotinamientos como protesta, y se han registrado riñas entre reos. El Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conocen de las problemáticas y han solicitado la intervención de la Coordinación del Sistema Penitenciario Federal. El Universal recién publicó que los más de mil internos de ese lugar llevan meses sin acceso a agua potable, lo que ha provocado peleas entre los reos, y que algunos presenten enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, esto comenzó a estirarse, y desde septiembre pasado el director del Cefereso, Julio César Pérez, reportó la problemática debido a que las amenazas han subido de tono. Del caso, ya tomó parte el Instituto Federal de Defensoría Pública, que interpuso un recurso legal. Sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio sobre los posibles actos de tortura que se hicieron públicos este lunes, a través de un audio, en la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya se instruyó a la Visitaduría Regional, para que se inicien las diligencias correspondientes y se brinde el apoyo necesario, desde las facultades del organismo, al interno identificado como Israel V. La queja de oficio, con el número APA/208/2020, se establece que Israel V. es objeto de tortura por parte del director: “Día a día sigo viviendo con terror, siendo objeto del capricho de funcionarios corruptos, cuando debo consumir mis alimentos a solo un metro de distancia de la taza del baño, incluso dejarme sin comer, o secuestrar mi dinero para que no pueda comprar nada”, fue la declaración que retomó el organismo y que derivó en la queja que será remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por cuestión de competencia. Israel V. fue detenido en 2005 con la francesa Florence Cassez, de quien era su entonces pareja. A él se le acusó de liderar una red de secuestros. Sin embargo, ha trascendido que sigue en la cárcel sin que exista una sentencia, aún y cuando se han revelado irregularidades en el proceso. Él fue detenido por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García. Su detención fue televisada. El caso sigue “fresco” y recientemente el periodista Carlos Loret de Mola fue citado para comparecer. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se investigará el presunto caso de tortura denunciado desde la cárcel por Israel V. "Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo del director del penal. Ese es mi compromiso, vamos a tener información", dijo el mandatario tras ordenar a la Secretaría de Gobernación atender el caso y presentar un informe en los próximos días sobre la situación en un penal de Buenavista Tomatlán, en Michoacán. No querían llegar a Michoacán El penúltimo traslado de reos al Cefereso de Buenavista, y que se tiene registrado, ocurrió en julio de este año. La mayoría de ellos estaba en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Sin embargo, 224 de los 380 internos, se ampararon y reclamaron la orden unilateral de traslado de estas personas privadas de su libertad, debido a que nunca se les notificó que serían movidos. De igual manera, aseguran que existió omisión de notificación al Instituto Federal de Defensoría Pública. Los internos también alegaron tortura psicológica y tormento al no saber a qué reclusorio serían trasladados, situación que también padecieron sus familiares y abogados. El Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conoció la demanda de amparo y exhortó a su homólogo en turno de Michoacán, en Uruapan, para que designara a un actuario judicial que se instituyera en el CEFERESO 17, para que buscara a los quejosos con el fin de cuestionarles si ratificaban o se desistían de la demanda de amparo. Después, a finales de septiembre de este año, otro grupo de reos fue trasladado del penal de Puente Grande al municipio de Buenavista, en la víspera de que se anunciara la extinción de la cárcel federal ubicada en el estado de Jalisco. En esa ocasión, por cielo y tierra fueron movidos los internos. Otro grupo más fue llevado al penal de Ramos Arizpe, en Coahuila. La idea era desocupar completamente la prisión de donde se fugó por primera vez Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
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