Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los ciudadanos ganan hasta un70 por ciento de los juicios administrativos en contra de los actos de autoridad de los gobiernos estatal y municipales. Desde infracciones de tránsito, sanciones administrativas y otras medidas, son impugnadas y ganadas por los michoacanos a través del Tribunal de Justicia Administrativa(TJAM) de la entidad. A días de haber tomado el cargo al frente de dicho órgano, el actual presidente magistrado, Rafael Rosales Coria, advirtió la tendencia en la cual el menos favorecido es el Estado y los ayuntamientos, por lo que señaló que lo anterior es reflejo de la imparcialidad del tribunal ante la tarea que tiene de defender los derechos civiles en este tipo de casos. Explicó que en comparación al 2019, el año pasado presentó una disminución de hasta un 12 por ciento en cuanto las demandas y juicios administrativos, algo que puede verse como normal ante el atípico tema de la pandemia de coronavirus. Foto: Cortesía. En voz de Rosales Coria, lo anterior obedece, precisamente, a la tendencia del confinamiento de las autoridades sanitarias y la disminución de la movilidad que se dio durante varios meses, en donde incluso los servicios que presentaron este tipo de organismos se vieron limitados. No obstante, el año pasado sumaron más de mil 600 demandas las presentadas por los ciudadanos, de las cuales la gran mayoría corresponde a defensas contra los actos de autoridad de Tránsito estatal y municipal. Foto: La Voz de Michoacán. En este sentido, reconoció que este aspecto ostenta un 70 por ciento de fallo en favor de los ciudadanos, por lo que la posición del Tribunal es ordenar la reparación del perjuicio y la devolución de cualquier bien o recursos incautado por la autoridad. Esto también revela una debilidad en la integración de expedientes y sanciones que realiza la autoridad en materia de tránsito, que es precisamente uno de los reclamos que son más comunes por parte de la ciudadanía en cuanto al quehacer de sus autoridades. También se reconoce un año complejo en el 2020 en cuanto a los actos de autoridad en términos de las medidas por la pandemia de COVID-19. De los más de 340 comercios que fueron clausurados por los Guardianes de la Salud durante los últimos 6 meses, 34 presentaron solicitud de juicio administrativo para ir en contra de la medida institucional para contener la enfermedad. El asunto de las sanciones de Tránsito es el principal motivo por el que el justiciable acude a demandar la justicia administrativa, pero el año pasado hubo variantes. Fundamentalmente cuando acuden alguna orientación, a través de la defensoría de oficio les invitamos a que se sumen a la determinación de salud pública para el efecto de acatar las medidas y los cierres de comercios. Porque finalmente el problema del coronavirus y la pandemia nos responsabiliza a todos, no sólo al Gobierno y todos debemos de entender que debemos de aportar. Tuvimos 34 de estas denuncias el año pasado”, explicó. La misma pandemia trajo consigo un crecimiento exponencial en la cantidad de juicios en línea celebrados en el Tribunal de Justicia Administrativa y, por ende, una disminución en los tiempos de espera de los asuntos atendidos todos los días. ¿CÓMO SE DIVIDEN LAS QUEJAS? Rafael Rosales detalló también que el 15 por ciento de los juicios del año pasado fueron por cobros injustificados de alumbrado público; el 4 por ciento en contra de cobros injustificados y cortes de servicio en el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS). Otro 5 por ciento de las quejas fueron respecto a requerimientos gubernamentales, 3 por ciento por quejas en torno a incrementos y cobros en el predial y el 10 por ciento restante refiere a otros asuntos al interior del estado de Michoacán.
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