Notimex / La Voz de Michoacán Dallas. Texas busca la aprobación del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, para que se le permita hacer uso de una ley federal que reduciría el proceso de la apelación para los sentenciados a muerte, permitiendo que el Estado ejecute a los presos más rápido. Funcionarios estatales que promueven la disposición sostienen que acelerará el prolongado proceso de apelaciones y acarreará una justicia más expedita para las víctimas de los crímenes y ahorrará dinero al gobierno en los dilatados procedimientos legales, informó el diario Houston Chronicle. Sin embargo, los opositores argumentan que aumentará el riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas. La ley federal que Texas busca utilizar se remonta a la Ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite a los estados frenar las apelaciones federales en casos de pena de muerte. Los estados deben demostrar que sus abogados fueron lo suficientemente competentes como para proporcionar suficiente asesoramiento, lo adecuadamente temprano en el proceso judicial. Hasta ahora ningún estado ha calificado para este procedimiento alguna vez, de acuerdo con el Houston Chronicle. Sessions recientemente exhortó a Texas y Arizona el tramitar la certificación, los dos únicos estados que previamente mostraron interés. Si Sessions aprueba sus propuestas, reduciría la cantidad de tiempo que los abogados tienen para investigar los casos de apelación a la mitad, según el periódico. Los abogados solo tendrían seis meses para entrevistar a los testigos, contratar investigadores y prepararse para un caso que podría tener décadas de antigüedad con evidencia faltante o insuficiente. "Hacer todo eso en un año ya es extraordinariamente difícil, y cualquier limitación adicional solo agravaría el problema existente", dijo al Houston Chronicle Emily Olson-Gault, directora del Proyecto de Representación de Pena de Muerte de la Asociación Estadunidense de Abogados. La reducción del tiempo para los procesos de apelación federal podría conducir a errores de vida o muerte y a un "mayor riesgo de que errores constitucionales serios permanezcan sin corregir", refirió Olson-Gault. También impondría restricciones a las suspensiones de la ejecución que los jueces podrían otorgar y al número de veces que un preso puede presentar demandas en sus procedimientos federales
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